La diligencia del buen gobernante

¿Podría resultar el gobierno responsable por su gestión de la pandemia? Escribió J. L. Cebrián que desde septiembre de 2019 el gobierno tenía un informe del Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) titulado A world at risk. En él se le advertía de que “se preparase para lo peor: la rápida expansión de una pandemia letal por un patógeno respiratorio, capaz de causar entre 50 y 80 millones de muertes y aniquilar el 5% de la economía mundial”. El origen de esta pandemia podría ser natural o por un arma biológica. El informe llamaba a adoptar medidas rápidamente. Los expertos advirtieron: «No se está haciendo lo suficiente y no invertir en las medidas necesarias significa correr un alto riesgo». Nuestro gobierno no puede decir que no estaba avisado.

Tal informe llamaba a cumplir el Reglamento Sanitario Internacional (IHR 2005), que alude a las «enfermedades cuarentenables» y «a la obligación de los Estados de instalar capacidades básicas en salud pública y movilizar recursos financieros para la aplicación de sus obligaciones dimanantes del Reglamento». Entre ellas, «mantener las infraestructuras para responder a las emergencias sanitarias». Se trata de un tratado internacional, vinculante para el gobierno . Debería haberse cumplido.

Un gobernante prudente hubiera debido verlas venir y tomar las medidas para minimizar los daños. En esto, creemos, estriba la eventual responsabilidad del gobierno.

Según George Bernard Shaw «un hombre razonable se adapta al mundo y uno poco razonable persiste en que el mundo se adapte a él». El gobierno ha sido poco razonable. Con todas las luces rojas encendidas, no adopto medidas fronterizas (conforme al IHR 2005), ni preventivas para proteger a los españoles, ni dotó a los hospitales de equipos necesarios, ni proveyó a los profesionales de la sanidad, fuerzas de seguridad y ejército de medios de protección. Se dedicó a desarrollar su política. No quiso adaptarse a la pandemia , prefirió que la pandemia se adaptase a él. Reafirmamos lo que publicamos en la tribuna La corrección política te podría matar (El Mundo). La falta de razonabilidad podría llevar a algunos miembros del gobierno a ser declarados responsables por los daños.

Vamos a justificarlo jurídicamente: el artículo 34 de la Ley 40/2015, de RJSP, regula que «serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que no tenga el deber jurídico de soportar (…). No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes». Los ciudadanos que sufren daños en sus personas y derechos, como consecuencia del mal funcionamiento de la Administración, no están legalmente obligados a soportar tales daños. De acuerdo con los conocimientos de la ciencia, se trata de daños que el gobierno podía y debía prever. De hecho, los conocía de manera fehaciente. El artículo 36 establece que después de que el Estado haya indemnizado a las víctimas, « exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades (…) la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves». ¿Por qué podemos decir que el gobierno se ha comportado de forma negligente? No sólo porque se trate de «un cataclismo previsto» (Cebrián dixit), sino también porque ha incumplido el estándar de diligencia que establecen los ordenamientos occidentales.

En el Derecho anglosajón el estándar de responsabilidad general se denomina «reasonable man» o «reasonable person» (por la corrección política). En el francés, «soins raisonnables». Nosotros seguimos utilizando la expresión «diligencia de un buen padre de familia». Son estándares semejantes: arrancan del diligens paterfamilias romano. Los ingleses también lo denominan «a man on the Clapham omnibus». El grado de diligencia exigible es el medio, correspondiente a una persona media, que se encontrara en sus mismas circunstancias. Hasta el viajero de ese autobús, equivalente al que se desplaza desde Atocha hasta la Puerta del Sol, de encontrarse en la posición de Sánchez, no estando cegado ideológicamente, ni presionado por su Vicepresidente, habría tenido en cuenta las serias advertencias del GPMB, sabiendo que el coste iba a ser desastroso. La ceguera política no es un eximente de responsabilidad penal, ni justifica que los ciudadanos deban soportar tanto daño. En nuestra opinión, Sánchez ha sido imprudente. Conocidos los acontecimientos, declaraciones y gestos del gobierno, se puede deducir su falta de diligencia. Nuestro propósito ha sido aportar claves por las cuales posiblemente algunos miembros del gobierno tengan que pagar por su poco diligente gestión.

Juanma Badenas es Catedrático de Derecho civil de la UJI, académico y escritor.

María Jesús Frigols es profesora de filología inglesa de la Universidad de Valencia y experta del ECML del Consejo de Europa.