Miradas sobre la pandemia
«Será noble y sincero pues la mentira envilece»
La familia de un guardia civil asesinado critica al general Santiago
Tras la declaración del estado de alarma, y a pesar del estado catatónico en el que ha estado sumida la sociedad por el horror de la guadaña asesina del coronavirus y el trauma de la reclusión forzosa, la sociedad recupera su pulso. Ello incluye criticar las medidas del Gobierno para afrontar la pandemia, facultad muy importante de la libertad de expresión. En ese despertar a la vida, la opinión minoritaria temerosa a una conducta del Gobierno de sesgos totalitarios, por los desdichados precedentes históricos de la ideología del mismo, se está convirtiendo en una corriente más caudalosa por las múltiples pulsiones contrarias a las libertades advertidas en actuaciones del Gobierno y sus Órganos. No eran agoreros, víctimas del síndrome de Casandra o conspiradores los que temían una deriva totalitaria. Ha sido la eclosión en el Gobierno de un espíritu contrario al Estado de Derecho, desde la declaración del estado de alarma, lo que ha incrementado esa corriente crítica. Es indiscutido en círculos jurídicos que el uso del estado de alarma supone un desbordamiento de la Constitución al suspender, de facto, derechos fundamentales, algo previsto solo en el estado de excepción. Ya en su momento lo enjuiciará el Tribunal Constitucional con todas sus consecuencias.
Al enorme despliegue policial-militar impuesto para garantizar la reclusión obligatoria ciudadana, en principio por su bien, se le ha dado una relevancia presencial y estética en la comunicación gubernamental desproporcionada para una crisis sanitaria. Su presencia importante es solo instrumental al servicio exclusivo de preservar la vida y de ningún otro interés más. Instituciones tan valoradas como la Guardia Civil, que está pagando con las vidas de miembros suyos la defensa del bien de la vida, ha sido llamada a desempeñar, junto con el Ejército y otros cuerpos policiales, una labor extremadamente delicada, ser imagen de la represión de derechos fundamentales valiosos en defensa de otros superiores.
Enfatizar, como se hace en las comunicaciones gubernamentales con presencia mayoritaria de representantes de las Fuerzas armadas y de Seguridad, la eficacia de éstas hasta la minucia, unido al hecho de presumir por haber implantado la mayor represión de la Unión Europea, hace un flaco servicio a estas instituciones esenciales pues, la línea divisoria entre garante de derechos o represor de los mismos, es muy tenue. Visibilizar la eficacia de la gestión policial frente a la ineficacia de la esencial sanitaria, supone un sobredimensionamiento muy perjudicial de la función policial. Ello hace olvidar su finalidad instrumental convirtiendo a la coacción, en la percepción ciudadana, en un fin en sí mismo.
El riesgo de deterioro institucional no solo ha sido despreciado sino que además, el germen del totalitarismo se desarrolla en el área de la seguridad pública en paralelo a otras menos importantes. Entre estas basta citar la indecente manipulación del Centro de Investigaciones Sociológicas. A través de preguntas capciosas orientadas a debilitar el apego a la libertad de expresión y al pluralismo se pretende crear una opinión propicia a un Ministerio de la Verdad Orwelliano que dictamine sobre lo que es verdad o no. En la crítica área de la actuación de las Fuerzas de Seguridad ha eclosionado una conducta que parece emular a la anteriormente citada. La cara visible de esa actitud, aunque va uniformada militarmente de verde, no procede ni de los Castro, ni sus clones. Paradójicamente es un alto cargo de la Guardia Civil, el que manifestó públicamente y leyendo para evitar dudas, que la labor de la institución a la que sirve incluye minimizar las críticas al Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria. Malentendido, exceso de celo u obediencia indebida pueden ser, entre otras, explicaciones posibles a los gravísimos hechos publicitados por aquel cargo.
Ninguna causa apuntada es posible a la luz de la legislación vigente y, lo que es muy importante para personas que hacen de su vida el servicio a España, de las arraigadas tradiciones y exigentes códigos de la Benemérita escritos sobre piedra con el tributo de sangre pagado por sus miembros siempre en defensa del Estado de Derecho y de sus libertades. En su frontispicio figura el lema “El honor es mi divisa”, contrario a cualquiera de las posibles causas citadas. Un desarrollo suyo se encuentra en el Decálogo de la unidad GAR en su punto 7: “Será noble y sincero pues la mentira envilece”. Su autor fue el Teniente Ignacio Mateu Istúriz asesinado por ETA. Siendo sentimentales, se podría explicar la revelación de los hechos mencionados en el citado punto del Decálogo GAR que ha removido su conciencia de Guardia Civil pero el alto nivel de exigencia de la Benemérita tampoco justificaría su protagonismo en los hechos publicitados. Su reacción envolviéndose en la bandera de su hoja de servicios, aceptando la censura y olvidando que existe la puesta a disposición de la superioridad del empleo, no apunta en la dirección del lema. No le parece suficiente el estado de alarma y el coste de imagen para la Benemérita que ha supuesto su declaración.
Traspasada una línea roja es absolutamente necesario, por higiene democrática, desencadenar los procedimientos habilitados para investigar, en todos los ámbitos y sin excepción, los hechos manifestados sin excluir a nadie en la cadena jerárquica de mando. A lo mejor el citado funcionario no deja de ser un comparsa en una línea que acaba en el Consejo de Ministros. Mucho es lo que está en juego. El ciudadano no debe permitir el más mínimo desliz hacia el totalitarismo pues solo encontraría en él miseria material y moral. Asimismo, el Estado de Derecho no está sobrado de pilares como la Benemérita. Ser leal con el Gobierno no es ser complaciente en la eliminación de libertades.
La Guardia Civil ha dejado un reguero de cadáveres, muchos de ellos aún calientes, garantizando las libertades de los españoles frente a la arbitrariedad y la razón de la fuerza mediante la aplicación de la ley. Amparar la arbitrariedad, como saben bien sus miembros, desde el más antiguo Teniente General al más sencillo Número, sería el comienzo de la cuenta atrás de su existencia y una traición imperdonable a sus víctimas que se revolverían en sus tumbas. Mi hermano sería uno de los primeros en hacerlo.
María Jesús y Jaime Mateu Istúriz también suscriben el artículo. Todos ellos hermanos del teniente del GAR Ignacio Mateu Istúriz, que fue asesinado por ETA