Tribuna Abierta

Hacia una digitalización armonizada de Europa

Indudablemente pasa por la implantación armonizada y segura de la red 5G en el territorio de la Unión, buscando un equilibrio entre soberanía y avance digital

Javier Cremades

«Europa se forjará en crisis y será la suma de las soluciones adoptadas para esas crisis», dijo Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la actual Unión Europea.

Casi cinco décadas después, la profecía se ha convertido en realidad y es que, a pesar de las crisis económicas, financieras, sociales y políticas que ha vivido nuestro continente, la Unión Europea se ha forjado como una organización de integración supranacional ejemplar, con imperfecciones, naturalmente, pero ejemplar.

Recién iniciada la tercera década del siglo XXI y todavía inmersa en el trance del Brexit, Europa se enfrenta a otro gran reto, esta vez de ámbito global: la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus. Una situación sin precedentes y de consecuencias impredecibles que pondrá de nuevo a prueba la cohesión y resiliencia de la Unión y que precisará de soluciones inéditas y acciones valientes.

En el mes de julio de 2020 la presidencia alemana del Consejo Europeo, superada la primera ola de la pandemia, señalaba a la «digitalización de la economía y soberanía digital como claves para la nueva normalidad». Este mes de enero la presidencia portuguesa ha fijado como su máxima prioridad la transformación digital al servicio de ciudadanos y empresas.

En esta misma línea, en la última cumbre europea de jefes de Estado y de gobierno, la canciller alemana insistió en que la UE debía aprovechar la crisis del Covid-19 para efectuar las reformas más importantes y defendió que «para reconstruir Europa es fundamental la cohesión de Europa, frente al riesgo de fractura post pandemia», en todos los ámbitos, pero especialmente en lo que a la digitalización se refiere.

Esto indudablemente pasa por la implantación armonizada y segura de la red 5G en el territorio de la Unión, buscando un equilibrio entre soberanía y avance digital. En este sentido, la Unión Europea ha aprobado un conjunto de medidas a través de un instrumento llamado la 'EU Toolbox'. Una 'caja de herramientas' necesaria para hacer frente a las posibles amenazas y riesgos de ciberseguridad de las redes de quinta generación.

Al igual que el resto de los Estados Miembros, España debe adaptar esta normativa europea para posicionarse a la cabeza de Europa y digitalizarse al mismo ritmo que nuestros vecinos europeos para así poder aprovechar plenamente el mercado único digital que se está forjando y que las circunstancias convierten en más necesario que nunca.

Así, debemos de evitar en la superación de esta nueva crisis una fractura en Europa, tal y como ha pasado anteriormente en otros ámbitos, como en la adopción del Euro o en el desarrollo del mercado interior. Europa ha demostrado que, ante las crisis, la respuesta más adecuada es, en muchas ocasiones al menos, una mayor integración. Bajo este espíritu, hoy se debe trabajar conjuntamente para hacer de la UE un líder digital mundial.

Sin embargo, este objetivo de caminar de la mano hacia una digitalización unificada de Europa se está viendo truncado por cuestiones que escapan a los intereses europeos y que ponen en peligro la recuperación de nuestra soberanía digital. En efecto, las presiones externas en los últimos años han hecho que ciertos Estados miembros, como Suecia o Francia, hayan decidido legislar en base a conflictos geopolíticos, como el que actualmente enfrenta a China y EEUU en la carrera hacia la supremacía tecnológica.

En este sentido, Angela Merkel pidió a los líderes europeos en la Cumbre de junio de 2020 que actúen con una sola voz y que asuman una mayor responsabilidad global, especialmente promoviendo la democracia, la igualdad y los derechos humanos. La idea es que si los 27 Estados miembros se mantienen unidos podrán defender los intereses y valores esenciales de la Unión.

Así, Alemania ha optado por dotar a su nueva Ley de Telecomunicaciones con criterios técnicos, y no geopolíticos, para controlar el despliegue del 5G en su territorio. La ley germana incluye un Catálogo de Requisitos de Seguridad 2.0, con estándares de ciberseguridad neutrales de igual aplicación para todos los proveedores, al mismo tiempo que prevé la obligación de los suministradores de tecnología de redes de notificar inmediatamente a los usuarios las vulnerabilidades o manipulaciones que sean conocidas para que se puedan tomar las medidas oportunas para limitar y eliminar las posibles consecuencias de los defectos de calidad y brechas en la ciberseguridad de las comunicaciones.

En la práctica, esto recoge las recomendaciones de la Unión Europea y de su Toolbox de no vetar a ningún proveedor a priori y así evitar descartar a empresas que pueden ser clave para conseguir el objetivo de digitalizar de una forma óptima a Europa. Este sería un buen ejemplo de cómo llegar a ese equilibrio tan deseado, entre soberanía y digitalización europea.

Alemania ha entendido que la digitalización de Europa no es algo puntual, sino que es un elemento clave para nuestro futuro común. Por este motivo, la implementación de las redes 5G no puede depender de intereses geopolíticos sino de criterios estables y técnicos. Hay que trabajar con una mentalidad de transformación a largo plazo, redefinir el funcionamiento del mercado único digital y rediseñar los ecosistemas digitales, en base a criterios técnicos. Esto ayudará a salir de esta crisis de forma segura y será la única manera de que la recuperación también sea duradera.

A pesar de que Alemania y Francia están de acuerdo en que la digitalización es la respuesta para salvar, una vez más, el proyecto europeo, estas diferencias de criterio en las legislaciones y en cuanto a la elección de los actores que ofrecerán los servicios 5G en nuestro continente, pueden poner en peligro el desarrollo de la Europa digital. Esta brecha en la alineación del motor franco-alemán, que ha sido tan importante en otras ocasiones para seguir forjando Europa, podría convertirse en una brecha en la digitalización.

En España, el Gobierno presentó en diciembre de 2020 a audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, la norma legal que establecerá los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes 5G. Se prevé que la versión definitiva de esta ley pueda aprobarse a lo largo de la segunda mitad de este mismo año y en la misma se prevén responsabilidades, tanto para el Gobierno como para los operadores. Estos últimos deberán de realizar un análisis interno de gestión de riesgos cada dos años y otro que remitirán a las administraciones, al menos cada seis. En base a estos y a otros criterios, el Gobierno creará una lista de proveedores de 5G, clasificándolos según el nivel de riesgo. A priori, esta norma no veta a ningún operador, tampoco a Huawei, a diferencia de Francia y otros países. Sin embargo, tampoco asegura que la toma de decisiones se haga en base a criterios 100% técnicos, al existir un cierto grado de discrecionalidad en la evaluación del riesgo.

Esto podría crear una suerte de inseguridad jurídica, un despliegue del 5G incierto y, por ende, una traba para el correcto desarrollo tecnológico de nuestro país, tan estratégico en estos tiempos de crisis.

En efecto, ya antes de la crisis, el despliegue de nuestras redes 5G era uno de los pilares de la hoja de ruta marcada por el plan España Digital 2025, considerándolo uno de los grandes estímulos para la recuperación económica. Hoy esto se reafirma ya que, según las previsiones de la Comisión Europea, las actividades relacionadas con los servicios 5G estimularán la economía, con una contribución de unos 14.600 millones de euros en el PIB, y generarán unos 329.400 puestos de trabajo en España. Además, hay que tomar en seria consideración los beneficios implícitos de esta tecnología en ámbitos tan esenciales como la educación, la sanidad y el trabajo.

España debería de plantearse qué papel quiere jugar en Europa y en la salida de la presente crisis, si quedarse a la cola del tren europeo como le ha pasado en otras ocasiones, o si aprovechar esta oportunidad para liderar una digitalización europea inclusiva, apostando por una Europa soberana en cuanto a su digitalización, que no se vea marcada por presiones externas.

En este contexto, a la espera de que los Estados miembros presenten sus leyes en materia de digitalización y de ciberseguridad para la implementación del 5G, y consciente de las diferencias de criterios a la hora de legislar (unos más geopolíticos, otros más técnicos), Bruselas anunció el pasado 3 de febrero que pondrá en marcha una certificación única sobre seguridad de redes 5G para toda la Unión Europea. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, será la encargada de elaborar este protocolo unificado que aplicarán los países europeos con la finalidad de dar una base más técnica, homogénea y, por ende, una base más estable a las legislaciones.

Esto evitará que, en esta época de reconstrucción, Europa se enfrente a unas reglas de juego desequilibradas en el sector de las telecomunicaciones, lo que podría tener como consecuencia un desarrollo digital a dos o más velocidades que sin duda pondría en riesgo la armonía y la cohesión en la Unión.

Son muchos los escépticos, pero estoy seguro que, como tantas veces a lo largo de su historia, Europa conseguirá también salir de esta crisis. Lo hará logrando ser más sostenible y digital. Demostrará así que mantenerse unida ha sido un acierto que la Historia reconocerá.

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