Ser investido a toda costa

Pedro Sánchez aún mantiene la incertidumbre sobre cuándo se celebrará la sesión parlamentaria de investidura tras haber aceptado el encargo del Rey de formar Gobierno. Sánchez continúa una negociación absolutamente opaca con ERC para lograr como mínimo su abstención, y su última decisión ha sido forzar a la Abogacía del Estado a pedir al Tribunal Supremo que ponga en libertad a Oriol Junqueras para que pueda acreditarse como eurodiputado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Esta petición que ultima la Abogacía es una condición sine qua non impuesta por ERC, de modo que una vez más el PSOE sitúa a instituciones del Estado como la Abogacía al servicio de sus fines políticos para poder gobernar. Pese al «gesto» que con inusitada prisa prevé realizar Sánchez para satisfacer a Junqueras, conviene recordar que no tiene mucho sentido jurídico retrotraer el derecho del líder golpista a tomar posesión de su escaño y a gozar de inmunidad cuando la sentencia que pesa sobre él es firme y conlleva una inhabilitación aparte de su pena de prisión. De hecho, la inmunidad que el Tribunal de Luxemburgo reconoce a Carles Puigdemont o a Junqueras ya ha decaído en el caso del segundo, toda vez que ya ha sido condenado con todas las garantías. Por eso, lo relevante es la claudicación política de Sánchez, que intenta utilizar de nuevo a la Abogacía del Estado como ariete en la estrategia del PSOE, frente a la firmeza demostrada por la Fiscalía, que se resiste a cualquier apariencia de sumisión a los intereses de La Moncloa.

Ayer, los fiscales del TS pidieron al magistrado Llarena que reclame al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad concedida a Puigdemont y a Antoni Comín, y que mantenga las órdenes de busca y captura que pesan sobre ellos. También planteó a Llarena que envíe con urgencia los suplicatorios para que la Cámara de Estrasburgo permita que se juzgue a ambos en España, ya que siguen en rebeldía y con una orden vigente de prisión provisional. En efecto, inmunidad no equivale a impunidad, y es una falacia del independentismo sostener que Europa ha desactivado el juicio penal de Junqueras y el resto de líderes sediciosos. Nada ha quedado desactivado ni para Puigdemont, ni para Junqueras ni para nadie. Muy al contrario, la Fiscalía deja claro que ambos fueron incluidos en las listas electorales europeas siendo plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal. Resulta desmoralizador que la Abogacía del Estado no tome nota de la contundencia de la Fiscalía, porque una cosa es poder gobernar con ERC como aliado, y otra que Sánchez fuerce a las instituciones a retorcer el marco constitucional con tal de ser investido a toda costa.