La Inspección se lava las manos y condena al español

La Alta Inspección del Estado en materia educativa no puede ampararse en tecnicismos jurídicos para sacudirse de encima la escandalosa marginación del español en las aulas de Baleares, o para asegurar que no actúa porque no tiene competencias para garantizar un 25 por ciento de lengua castellana en los colegios públicos. No es una cuestión de competencias, sino de cerciorarse de que se cumple estrictamente la legalidad. Y ese es el problema: que no se cumple. Lo de las competencias es una burda excusa. La Alta Inspección, controlada por Isabel Celaá, se ha convertido en un organismo irrelevante y sumiso, y su argumentación es falsa. Sí tiene competencias en materia de vigilancia y supervisión, e incluso en la propuesta de sanciones. Cosa distinta es que prefiera lavarse las manos mientras una autonomía convierte a trescientos centros educativos en áreas de adoctrinamiento masivo contra lo español.