Indolencia legislativa contra el virus

El pasado 25 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó con todo tipo de alharacas parlamentarias el decreto de medidas «urgentes» para la prevención, contención y coordinación de la pandemia causada por el Covid-19. Atrás quedaban tres meses de estado de alarma, un propagandístico -y falaz- intento de liderar unos nuevos «pactos de La Moncloa» contra la crisis, y más de 30.000 personas fallecidas en hospitales colapsados con la comunidad sanitaria totalmente agotada. Hoy aquel decreto, que según expuso Sánchez debía convertirse en una ley de «nueva normalidad» que contase con un amplio respaldo parlamentario, duerme el sueño de los justos. No es preciso incidir demasiado en los actuales datos de contagios, transmisión comunitaria, fallecimientos, ingresos hospitalarios y ocupación de las UCI para sostener que la inacción del Gobierno ha desembocado en una situación altamente preocupante.

Ni aquel decreto se ha convertido en ley, ni el compromiso de Moncloa de pactar enmiendas con la oposición para una «lucha común» contra el virus se ha convertido en realidad. La indolencia de Sánchez está causando un empeoramiento de la tragedia, porque tras haber proclamado en julio que quedaba inaugurada la «nueva normalidad», y que los españoles debían disfrutar de las vacaciones porque la pandemia se había superado, el Gobierno no ha legislado absolutamente nada. La realidad es tan cruda que hasta los jueces se lo han reprochado en la resolución dictada días atrás por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sencillamente, España no ha actualizado su marco legislativo para poder luchar con eficacia contra la enfermedad, y ahora todo se dirime entre interpretaciones judiciales, lagunas legislativas, episodios de caos autonómicos, confinamientos perimetrales -como ayer ya en Navarra-, y agravios comparativos entre comunidades.

Tanto el PP como Ciudadanos, más allá de otros partidos socios habituales de Sánchez, se ofrecieron en junio a colaborar, a plantear alternativas y a asumir una responsabilidad legislativa útil para el país. De hecho, la convalidación de aquel decreto fue el único gran acuerdo alcanzado en la pandemia. Pero Sánchez lo ha convertido en papel mojado. España dispone hoy de un decreto inútil cuyo contenido no se ha desarrollado en leyes posteriores, lo que está provocando que la magnitud del drama vuelva a arrollar al Gobierno. La recesión asusta, la responsabilidad ciudadana empieza a difuminarse, y las soluciones parciales pasan ahora por suscitar debates sobre la necesidad de imponer «toques de queda» como en París. Sánchez no tiene más plan que la improvisación, la mentira y el desprecio a todo aquel que pueda proponerle soluciones o, como mínimo, ideas constructivas.