Independencia judicial frente al PP

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de confirmar el procesamiento del PP como «persona jurídica» por la destrucción de los discos duros del ordenador de Luis Bárcenas en 2013 desmiente esa teoría tan manoseada de que la Justicia está al servicio del Gobierno. El procesamiento, basado en la posible comisión de delitos de daños informáticos y de encubrimiento para dificultar investigaciones judiciales sobre corrupción, implicará en cualquier caso la celebración de juicio oral, de modo que el PP –como entidad– será juzgado junto a tres empleados del partido, entre ellos la actual tesorera. La sistemática acusación de que en España no existe la independencia judicial, o de que los jueces y los fiscales actúan al dictado de los expresos deseos del partido en el poder, cae por su propio peso. Tan legítimo es que el PP se defienda sosteniendo que no hubo delitos ni mala fe en el borrado de esos discos duros, como que tres magistrados de la Audiencia, además de la instructora, sostengan que los hechos sí revisten aparentemente caracteres penales relevantes. De hecho, una vez que Bárcenas fue despedido, los responsables informáticos del PP resetearon las memorias en hasta 35 ocasiones, las rallaron para dificultar cualquier acceso, y las tiraron a la basura. Jurídicamente podrá o no haber delitos –eso lo decidirán los jueces–, pero política y estéticamente la maniobra del PP fue escandalosa . Es difícil sostener la teoría de que se trataba de un procedimiento común cuando el usuario de un ordenador abandonaba Génova. Más bien suena a un intento de ocultación de pruebas para impedir que un juez pudiese recabarlas. Aunque el caso acabe en la absolución, el PP habrá escrito una página negra en su presumido espíritu de colaboración con la Justicia para determinar si existía una «caja B», más allá de que Bárcenas la utilizase para lucrarse personalmente del modo más indigno. Desde esa perspectiva, y aunque no se sienten en el banquillo de los acusados, muchos dirigentes de primera fila del PP aún deben muchas explicaciones a su electorado y a la opinión pública.

La Justicia es una gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Siempre inmersa en profundas reformas que nunca llegan a culminar al albur de los vaivenes de cada Gobierno, su imagen es para muchos de los ciudadanos la de un paquidermo lento y politizado que no castiga al poderoso porque actúa como cómplice de él. Sin embargo, no es cierto. En España se ha juzgado y condenado a banqueros, y ministros de uno y otro signo han pisado la cárcel . Incluso, el yerno del Rey está pendiente de una condena firme por sus corruptos desmanes. La Justicia es lenta, pero cuando llega es inflexible. Será mejorable en muchos aspectos, pero conserva su independencia. Y esa es una buena noticia para la democracia.