Inaceptable descontrol en subvenciones

La ejecución del gasto público debería regirse siempre por los principios básicos de la eficiencia, el control y la rendición de cuentas, con el fin de ofrecer el mejor servicio posible al menor coste para el contribuyente, pero, por desgracia, no siempre sucede. De hecho, en algunos ámbitos presupuestarios, como el de las subvenciones, esta regla de oro brilla por su ausencia, tal y como denunció ayer la Autoridad Fiscal (Airef). La concesión de este tipo de ayudas constituye un ejemplo de descontrol, opacidad y despilfarro, lo cual resulta inaceptable, ya que lo único que incentiva es el fraude, la ineficacia de las políticas públicas y el dispendio de recursos ajenos. Lo primero que llama la atención es que ni siquiera existe una definición clara del concepto, dado que la Airef contabiliza hasta 30.000 millones de euros al año en subvenciones, mientras que la base de datos oficial reduce su cuantía a 14.000 millones.

Y dentro de estos 14.000 millones el número de deficiencias detectadas es muy notable, dado que muchas subvenciones no responden a criterios de necesidad, sino a arbitrarios designios políticos cuyo único objetivo es gastar todo el dinero presupuestado. El mayor problema, sin embargo, es que, si bien las convocatorias se ajustan a la ley, el reparto de estos recursos carece de la debida coordinación y su destino no suele responder a ninguna estrategia o planificación previa, con lo que resulta imposible medir su adecuación. Si a ello se suma la falta de transparencia, la presencia de duplicidades y cargas innecesarias o la inexistencia de sanciones en caso de que dichas subvenciones se perciban de forma indebida, el panorama resulta alarmante, sobre todo si se tiene cuenta la tendencia al derroche público que ha demostrado el Gobierno del PSOE.