Por imperativo legal, suspendidos

Los diputados separatistas sentados en el banquillo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo quedaron ayer suspendidos «en sus derechos y deberes» como parlamentarios, una vez que la Mesa del Congreso les aplicó el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No fue fácil llegar a este resultado, porque la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, retrasó cuanto pudo la inevitable suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Era inevitable y automática, como confirmaron los letrados del Congreso de los Diputados en un dictamen tan correcto como obvio. Las dudas expresadas por Batet no eran más que una coartada para la dilación, no una actitud de sincera preocupación por la legalidad del acuerdo.

La suspensión de los acusados en su condición parlamentaria restituye la normalidad en el seno del Congreso, porque la anomalía de la situación afectaba al Parlamento, no al Tribunal Supremo, cuya actividad se sustenta en el principio de legalidad y es o debería ser ajena a las coyunturas políticas. Que unos acusados en prisión provisional por haber dado un golpe separatista contra el Estado hayan sido diputados por unos días ha sido un problema de dignidad para la democracia parlamentaria. Los intentos de afear al TS con acusaciones de injerencia en la libertad política de los acusados o en el derecho de los catalanes a la representación parlamentaria son frases huecas pronunciadas por quienes hicieron tabla rasa de la libertad política y de la representación parlamentaria de los catalanes no nacionalistas. Batet y el PSOE han comenzado la legislatura de la manera más torpe posible, queriendo echar un pulso inverosímil al TS, cuestionando la legalidad procesal y parlamentaria, dando cobertura a unos golpistas en prisión y arrastrando los pies hasta llegar a un acuerdo de suspens ión, este sí, por imperativo legal.