Editorial ABC

Impecable 155

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de no aceptar las medidas cautelares de los fugados Puigdemont y Comín remató también el certificado de ilegalidad que define todo lo sucedido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017

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La respuesta legal del Estado al desafío separatista en Cataluña sumó ayer un nuevo apoyo al hacerse público que el Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad dos recursos de Podemos y el Parlament contra las medidas aprobadas por el Senado en 2017, al amparo del artículo 155 de la Constitución. El TC únicamente ha aceptado anular una cuestión menor relativa a la nulidad de la publicación de normas y actos sin autorización del Gobierno central. Por el momento sólo se conocen de las sentencias las partes dispositivas que concretan las decisiones del Tribunal. Los textos completos ofrecerán por vez primera una interpretación vinculante del 155, conformando así una doctrina imprescindible sobre el alcance del principal instrumento de protección del orden constitucional. No hay en la Constitución un precepto más federal que su artículo 155, que constituye el mecanismo imprescindible para garantizar la superioridad de la Constitución y del interés nacional en todo el Estado. La arquitectura legal contra el golpe separatista en Cataluña se refuerza así decisivamente. La criticada sentencia del TC en 2010 sobre el Estatuto catalán de 2006 asentó la doctrina de la primacía de la Constitución y sobre esta premisa se han dictado las sucesivas sentencias contra el proceso separatista. Las dos sentencias últimas del TC se unen a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló la prohibición de un pleno del Parlamento catalán, en aras de la legalidad constitucional y el interés general. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de no aceptar las medidas cautelares de los fugados Puigdemont y Comín remató también el certificado de ilegalidad que define todo lo sucedido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. Todos estos antecedentes acomodan al Tribunal Supremo en un espacio de seguridad jurídica para dictar su histórica sentencia sobre el posible delito de rebelión cometido por los dirigentes separatistas.

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