Humillado ante el separatismo

Pedro Sánchez volvió a ocultar ayer a la opinión pública sus compromisos expresos con el separatismo catalán a cambio del apoyo a su investidura. Sánchez volvió a confundir a los ciudadanos con alusiones nebulosas a un proceso de «diálogo», ratificó que La Moncloa formará parte de la «mesa de negociación» exigida por ERC y reafirmó que si se alcanza algún acuerdo, habrá una consulta en la que solo podrán votar los catalanes. Pero no especificó si será un referéndum inserto en el marco de una reforma estatutaria legal y legítima, ni cuáles son las líneas rojas que el Gobierno se compromete a no superar en la mesa de negociación. Por el contrario, certificó su golpe al poder judicial al sostener que la vía penal contra el separatismo quedará erradicada. Definitivamente, es demasiado lo que Sánchez sigue escondiendo. Pero la orientación de su política ofrece síntomas evidentes de una preocupante permisividad con los sediciosos. De momento pretende asegurarse el control de la Fiscalía con Dolores Delgado, de cuya designación como fiscal general dijo que es «impecable» porque se trata de una jurista «independiente». Pero ninguna de las dos cosas es cierta. Sobre su «impecabilidad», no hace tanto que el ahora vicepresidente Pablo Iglesias condenaba los tratos de Delgado con el excomisario Villarejo, al que tildaba de «tipejo» y «basura». Pasados los meses, todos tan amigos. Sobre su «independencia», es notorio que Delgado sale de un Consejo de Ministros socialista, de un escaño socialista, de las listas electorales socialistas y de una activa campaña socialista. No. Delgado no es en absoluto independiente, y no era necesario que Sánchez mintiese a los españoles otra vez.

Pero, aparte de la Fiscalía, Sánchez ha empezado a incurrir en conductas sospechosamente graves. Concede una legitimidad absoluta a Joaquim Torra pese a que ha sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. Sánchez está blanqueando a un delincuente confeso como Torra, que se jactó de haber sido condenado por desobediencia. Pero la perversión de la legalidad a la que nos ha acostumbrado la Mesa del Parlamento catalán está obstaculizando su destitución, con el aval del PSC y, por supuesto, de Sánchez, que ahora le ruega una reunión conjunta para abordar el «conflicto político». También Sánchez da patente de corso al prófugo Carles Puigdemont, y hasta el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo empieza a insinuar que no va a votar a favor de la concesión del suplicatorio instado por el Supremo. Respecto a Junqueras, conviene dejar de confiar en que la Fiscalía dirigida por Delgado impugne cualquier decisión que permita verlo en libertad. De un lado están las instituciones, el Derecho y la legalidad. De otro, Sánchez, cooperador necesario de un proyecto rupturista para España. El Gobierno no empieza bien.