Hipocresía con los refugiados

La relación de la izquierda con la Iglesia católica se basa en un ejercicio que oscila entre el oportunismo político y la crispación social, para luego no ser capaz de llevar sus eslóganes a la práctica. Año tras año, la izquierda anuncia que revisará los acuerdos con la Santa Sede y que aplicará el Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia, además de ponerla en bretes jurídicos absurdos como el de la exhumación de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos. Las movilizaciones «sociales» secuestradas por la izquierda -feminismo radical, grupos LGTBI- comparten mensajes anticatólicos, aunque no sean precisamente los países de mayorías cristianas donde más sufren las mujeres o los homosexuales.

Sin embargo, como la realidad se impone por sí sola, hasta el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que recurrir a la Iglesia católica para canalizar la acogida de inmigrantes, entre otras razones porque algunos ayuntamientos «del cambio», como el de Madrid y su cínica pancarta de «Welcome refugees», no han cumplido sus compromisos en este asunto. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha pedido a la organización Escuelas Católicas que ceda inmuebles para dar cobijo a centenares de inmigrantes y refugiados a los que el Estado no puede o no sabe prestar ayuda. Por supuesto, esta organización ha respondido afirmativamente, como siempre hacen todas las instituciones católicas en todas las situaciones por las que atraviesan los inmigrantes. El Papa Francisco ha hecho de la atención y el cuidado a los que huyen de la guerra y la miseria un eje de su discurso pastoral, aunque la generosidad y la entrega de la Iglesia católica con los más necesitados es su seña de identidad desde su fundación.

Cuando la izquierda vuelva a la carga con sus ajustes de cuentas a la Iglesia, habrá que recordar que en esas cuentas también van las que se necesitan para dar cama, comida, sanidad y educación a los inmigrantes y refugiados, en las Escuelas Católicas, a las que se ha dirigido ahora el Gobierno, pero antes también en muchas parroquias, centros de acogida y casas dirigidas por voluntarios. También será oportuno recordar esta respuesta solidaria -que la Iglesia católica da sin importar la fe de quien la recibe- cuando los obispos den su opinión sobre cuestiones que afectan al magisterio eclesial sobre los creyentes, como en asuntos como el aborto o la eutanasia.

Los progresistas de salón, que con una mano reciben entusiasmados a los inmigrantes rescatados en el mar y con otra siguen aplicando «devoluciones en caliente» en Ceuta y Melilla, deberían apaciguar sus pulsiones laicistas, porque la Iglesia católica es hoy en España una red de solidaridad humana insustituible.