La hipocresía del PSOE en El Prat

El PSOE, por desgracia, lleva tiempo instalado en una dinámica de constante crítica a las decisiones del Gobierno con el único fin de sacar rédito electoral, a costa incluso de los intereses de la población y sin reparar lo más mínimo en la coherencia de dichos ataques, alejándose de la responsabilidad y el sentido de Estado que debería mostrar un partido con aspiraciones de poder. El último ejemplo de esta particular deriva ha sido la torticera reacción que ha cosechado entre las filas socialistas la intervención de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat para minimizar los efectos de la huelga indefinida convocada por los vigilantes de seguridad de Eulen y, de este modo, garantizar la seguridad de los pasajeros. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, calificó ayer de "esquirolaje" el uso de la Benemérita para normalizar la situación en el aeródromo tras más de veinte días de conflicto en el que las colas y los retrasos han sido la norma para miles de viajeros, alineándose así con los argumentos esgrimidos por los representantes sindicales y los radicales de la CUP, que coinciden en señalar que esta actuación vulnera el derecho de huelga.

Esta diatriba, esperable por parte de sindicatos y movimientos populistas, no es de recibo en un partido con la trayectoria y la historia del PSOE, sobre todo si se tienen en cuenta sus antecedentes a la hora de lidiar con problemas de similar naturaleza. No es la primera vez que un gobierno decide reforzar con la Guardia Civil los controles de seguridad de los pasajeros. Hace ahora diez años, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, los vigilantes del aeropuerto de Palma de Mallorca también protagonizaron una huelga con paros parciales en plena temporada turística, coincidiendo con la alta demanda de tráfico aéreo. Y lo que hizo el PSOE entonces fue intensificar la presencia de agentes, al igual que ahora el PP, para evitar daños mayores a los viajeros. Asimismo, durante una huelga de trabajadores de la aerolínea Binter acontecida en Canarias en 2006, la Delegación del Gobierno ordenó a Policía y Guardia Civil que evacuaran el equipaje de varios aviones de la compañía, ya que, ante todo, primaba el uso público del aeropuerto por parte de los ciudadanos. Y ello sin contar la militarización del tráfico aéreo que tuvo lugar a finales de 2010 por la huelga de controladores.

La hipocresía que están demostrando los socialistas en el conflicto del aeropuerto de Barcelona no puede ser mayor. El PSOE no debería caer en el triste juego de lanzar ataques furibundos y maniqueos contra el Gobierno valiéndose de cualquier excusa, sino demostrar que posee responsabilidad y altura de miras a la hora de defender el interés general de los españoles. La seguridad aeroportuaria es competencia del Estado, más allá de las subcontrataciones que se realicen después, y, por tanto, es su obligación garantizarla.