Editorial ABC
El Gobierno tropieza con el nuncio
Renzo Fratini no era el más adecuado para hacerlo, pero ha puesto negro sobre blanco la impotencia socialista al convertir la exhumación de Franco en un desafío histórico de la izquierda
Las declaraciones del nuncio vaticano en España, Renzo Fratini, que hoy abandona su cargo, pueden no ser un acierto diplomático, pero tampoco justifican la reacción anunciada por la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. El nuncio Fratini se lamentó en una entrevista por la gestión del Gobierno en la exhumación de Francisco Franco. «Ha resucitado a Franco», según Fratini, lo cual, en términos sociales, es rigurosamente cierto, porque, además, esa era la intención de Pedro Sánchez. Las opiniones de Fratini vienen a abundar en el fracaso táctico y estratégico del Gobierno socialista de querer ofrecer a la izquierda la exhumación de Franco como una compensación por la derrota en la Guerra Civil y, sobre todo, como el principio de una ruptura con el pacto constituyente de 1978.
La vicepresidenta Calvo ha anunciado una queja del Gobierno ante el Vaticano por las palabras de Fratini, quien también se metió en el laberinto de juzgar las intenciones políticas del ejecutivo socialista y su efecto divisorio en la sociedad española. Calvo debería recordar que ha sido el Gobierno socialista -y particularmente ella misma- el más empeñado en meter a la Iglesia Católica en el ojo del huracán, intentando puentear los derechos de la familia de Franco y el imperio de la ley. Renzo Fratini no era el más adecuado para hacerlo, pero ha puesto negro sobre blanco la impotencia socialista al convertir la exhumación de Franco en un desafío histórico de la izquierda.
La amenaza no podía faltar en la reacción del Gobierno frente al Vaticano. Además de la queja diplomática, el Ejecutivo socialista anuncia por enésima vez que modificará las exenciones de impuestos reconocidas a la Iglesia Católica. La formación jurídica de la vicepresidenta debería recordarle que la relación entre el Estado Español y el Vaticano se basa en un acuerdo internacional y que sólo mediante otro acuerdo se puede modificar. Lo sensato sería que el Gobierno no abriera más frentes que no dependen de su sola voluntad y que asuma que la relación con la Iglesia Católica tiene unas condiciones legales que no puede ignorar. Calvo no tomó la debida nota tras su reunión con el cardenal Parolin, en Roma: el Vaticano es un interlocutor muy peculiar acostumbrado desde hace siglos a lidiar con amenazas y advertencias.
La continuidad de Franco en el Valle de los Caídos -con la suspensión cautelar impuesta por la Sala Tercera del Tribunal Supremo a su exhumación- desplaza sobre el Gobierno, no en el Vaticano, la carga de valorar a qué conduce este conflicto sobre la tumba del dictador.