Gobierno del PSOE, golpe a la justicia

El PSOE nunca llega tarde a su cita contra el Poder Judicial. Desde 1985, de forma cíclica, cada Gobierno socialista ha intentado y, en ocasiones, conseguido infiltrar de politización la organización y el funcionamiento de la Justicia. La medida correcta de esa contaminación partidista no es el número de casos judiciales en los que se manifiesta, sino su presencia selectiva en aspectos concretos de la actividad de los tribunales. La gran mayoría de los jueces -el 99 por ciento, según la encuesta de Metroscopia para el CGPJ- se declaran independientes en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la politización se proyecta en aspectos no siempre visibles a la hora de dictar sentencia en los pleitos comunes, sino en los nombramientos de los máximos cargos judiciales, en la promoción de sectores ideológicos a puestos de responsabilidad -históricas fueron las purgas de Conde-Pumpido en la Fiscalía- o en el activismo de determinados jueces en tribunales estratégicos, como bien representa el magistrado José Ricardo de Prada.

La proposición de reforma del sistema para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ, presentada conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, se enmarca en la estrategia identitaria de la izquierda española por reducir el Poder Judicial a una mera prolongación del campo de batalla partidista. Los jueces son, en este planteamiento, víctimas colaterales y necesarias de la lucha por completar el poder político absoluto sobre los tres poderes del Estado. La oferta de pacto que hizo Pedro Sánchez al PP no deja de ser una alternativa igualmente beneficiosa para la izquierda, porque seguiría siendo el Parlamento el que eligiera a los doce vocales judiciales del CGPJ. Si realmente la izquierda quiere que este órgano constitucional refleje la pluralidad de la judicatura, nada mejor que dejar que los jueces voten y elijan a esos doce vocales, pero tendría que aceptar lo inaceptable: que la izquierda judicial sería marginal en cualquier representación democrática. Basta revisar los resultados en las elecciones a las Salas de Gobierno de los tribunales colegiados para confirmar por qué la izquierda judicial no quiere un sistema de voto libre, secreto, directo y universal entre los jueces.

El sistema ideado por socialistas y comunistas para confiscar la composición del CGPJ es idéntico al que la UE ha reprochado a Polonia, porque el afán totalitario es transversal a las posiciones extremas. Nada nuevo. Es un hito más de una estrategia que comenzó en 1985, cuando la abrumadora mayoría absoluta del PSOE impuso la designación parlamentaria de los doce vocales judiciales del CGPJ, y que no terminará hasta que el Poder Judicial sea una extremidad obediente de los poderes políticos. Otro paso más hacia el desmantelamiento del orden constitucional, objetivo real de la coalición de izquierdas que gobierna España.