El Gobierno no tiene que pedir perdón

Si, como aseguró el pasado miércoles la Consejería de catalana de Interior, la delegada del Gobierno en Cataluña pidió perdón «en su nombre y en el del Ministerio del Interior» por las palabras del general Pedro Garrido, jefe de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma, no es solo Teresa Cunillera la que está obligada a aclarar ante la opinión pública las razones de sus disculpas. También el propio Ministerio de Interior, por alusiones directas, debe determinar qué parte del discurso de Garrido -impecable en su defensa de la Guardia Civil y de la tarea que sus agentes desarrollaron durante la investigación del golpe separatista- resultan ofensivas. Como ayer informó ABC, la cúpula de los Mossos abandonó el pasado miércoles la comandancia de Sant Andreu de la Barca al sentirse herida por las palabras del jefe de la Guardia Civil en Cataluña, que agradeció a los agentes del Instituto Armado su trabajo para desenmascarar a «personas relevantes de las instituciones autonómicas para llevar a cabo un proyecto secesionista» o para neutralizar, hace unas semanas, a los miembros del CDR que preparaban artefactos explosivos.

Si Pedro Garrido cruzó alguna línea roja en su discurso, ofensivo solo para quienes temen el peso de la ley, fue la que la delegada del Gobierno ha trazado en su particular croquis autonómico, ajeno al ordenamiento jurídico y en el que incluso cabe, como se apresuró en reconocer hace ahora un año, el indulto a los golpistas juzgados por el Supremo. En vísperas de la publicación de la sentencia del juicio del procés, Teresa Cunillera desautoriza al jefe de la Guardia Civil en Cataluña para proteger la piel -excesivamente fina, alérgica a la defensa del Estado de Derecho- de los Mossos. No podía haber peor precedente.