Un Gobierno que no debió ser

El Tribunal Supremo confirmó ayer el grueso de las condenas que dictó la Audiencia Nacional en 2018 contra antiguos cargos del PP y varios comisionistas por diversos delitos cometidos a través de la trama Gürtel, que los magistrados describen como «un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública entre 1999 y 2005 a través de su relación con influyentes miembros» de ese partido. El Alto Tribunal reafirma la pena del PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por terceras personas, y también por el que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, y en este sentido la actual dirección del partido admitió ayer la gravedad de unos hechos «que son condenables y están ahí». No obstante, la sentencia deja en evidencia a uno de los magistrados de la Audiencia Nacional, el progresista José Ricardo de Prada, quien se extralimitó en sus funciones al incluir en el fallo reproches de índole penal a Mariano Rajoy y al PP como organización. De Prada lo hizo de modo injustificado e improcedente, sometiendo a un criterio judicial que nadie le había pedido la acusación genérica de que Rajoy conocía las ilegalidades, y dando por supuesto que el PP disponía de una contabilidad B, cuando realmente esos hechos no eran juzgados. Esa acusación formal contra el PP no existía en este proceso concreto -aunque sí en otra causa paralela-, y por eso, no habiendo una acusación previa de la que poder defenderse, nunca debió incluirse una «reflexión» tan impropia e ilegítima en la sentencia. Fue un pastiche deliberado que De Prada no tuvo reparo ético en redactar, y eso le sirvió para postularse a un cargo en el Consejo General del Poder Judicial que el PSOE pensó concederle como premio.

De Prada lo hizo con unas consecuencias políticas ahora irreversibles. De eso se trataba: de pervertir el sentido de una sentencia y manipular la realidad que se estaba juzgando para crear la coartada política que permitiese al PSOE plantear una moción de censura contra Rajoy. El magistrado fue la mano que meció la cuna de un cambio de Gobierno, y cabe pensar que sin esa excusa artificial y prefabricada indebidamente, Rajoy habría permanecido en La Moncloa. Aquel episodio fue un simple antecedente de lo que ahora pretenden hacer el PSOE y Podemos con el Poder Judicial: colocar magistrados a dedo, ideologizar las sentencias y justificar jurídicamente cualquier abuso que este Gobierno quiera cometer. La conclusión es que hoy gobierna quien no debería gobernar porque toda la argumentación de la moción se basó en una falacia ahora desmontada. Ni al PP ni a Rajoy les servirá este fallo como desagravio moral porque el daño está hecho. De hecho, sirvió a Sánchez para articular esta revisión radical de la democracia a la que está sometiendo a los españoles. O peor aún, un cambio de régimen.