El Gobierno consuma su tropelía educativa

Tal como estaba previsto, el Gobierno consumó ayer en el Congreso su tropelía contra la educación en las aulas al incorporar a la «ley Celaá» tres decisiones con serios visos de inconstitucionalidad. Primero, la eliminación del castellano como lengua vehicular, una cesión al nacionalismo que permitirá a las autonomías adoctrinar a sus alumnos en el odio a la lengua oficial del Estado; segundo, la erradicación en los próximos diez años de la llamada «educación especial», lo que demuestra la insensibilidad del Gobierno hacia un tipo de alumnado con necesidades y capacidades muy diferentes a las de los demás; y tercero, la consagración de diecisiete tipos de pruebas de acceso del profesorado a su profesión, de modo que esta suerte de «MIR» educativo dejará de estar en manos del ministerio para que las autonomías controlen ese proceso a conveniencia ideológica, política o de simple amiguismo. Es una intervención en toda regla sobre nuestro sistema educativo para desactivarlo tal y como se ha conocido durante décadas, y lo grave es que cuanto el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse, el daño ya estará hecho.