Freno a la explotación de los repartidores

La revolución tecnológica ofrece un nuevo mundo de servicios y oportunidades de negocio que es preciso aprovechar, pero también conlleva una serie de abusos e irregularidades a nivel laboral cuyo origen hay que combatir mediante el estricto cumplimiento de la ley para garantizar tanto la seguridad jurídica y física de los trabajadores como el establecimiento de unas condiciones mínimas que sean acordes a la labor que se realiza. Prueba de ello son los repartidores que, ya sea en bici o moto, pueblan hoy las calles de numerosas ciudades de España a través de plataformas de envío a domicilio como Deliveroo, Glovo o Uber Eats. El problema es que, más allá de jugarse el físico por un sueldo que apenas alcanza para mantener un nivel de vida digno, estas empresas no garantizan un volumen mínimo de horas semanales y, lo que es peor, se saltan la normativa laboral.

Los repartidores operan como autónomos, ahorrando así a las plataformas el pago de las cotizaciones sociales, a pesar de que, tal y como denuncian desde la Inspección de Trabajo, existe una relación laboral, ya que dependen de la empresa para organizar y realizar su actividad, al tiempo que la compañía fija de forma unilateral su retribución, pudiendo, además, imponer sanciones si estima que el desempeño no es el adecuado. Y algo similar sucede con los repartidores que busca Amazon para poner en marcha su nuevo servicio de reparto a domicilio en España. El gigante tecnológico, que apenas paga 14 euros por hora, no solo corre el riesgo de cometer las mismas irregularidades, sino que tiene músculo de sobra para ofrecer a sus empleados condiciones laborales mucho mejores. Los servicios de Inspección deben actuar para garantizar la seguridad jurídica y erradicar la injusta figura del falso autónomo.