Frenar la impunidad de los okupas

Como ya alertamos en este mismo espacio a principios de julio, la ocupación ilegal ha tomado cariz de epidemia. La difícil coyuntura económica que amenaza a miles de familias con dejarles cerca de la exclusión social no puede ser la coartada del populismo para seguir jaleando la okupación travistiéndola de conquista social, porque nada hay de eso en arrebatar a otro lo que legítimamente es suyo. El problema se agrava cuando desde tantos ámbitos de la izquierda afín al Gobierno, en lugar de plantear soluciones a un problema que preocupa a la mayoría de españoles, se dedican a justificar los asaltos a la propiedad privada basándose en prejuicios tramposos. La oposición ha reclamado con insistencia endurecer la legislación y aplicar más acción y menos verborrea, proponiendo un marco legal que permita a los propietarios recuperar sus casas en el menor tiempo posible. Pero, de nuevo, lo que encuentran enfrente es la inacción de un Ejecutivo que tiene en una mano la pancarta y en otra la idea de una «conquista social» tan perniciosa como contraproducente. Y esa falta de medidas puede tener consecuencias imprevisibles: en determinados barrios de España, donde la okupación se ha convertido en norma, muchos vecinos pueden decidir tomarse la justicia por su mano ante la ceguera dogmática de las instituciones.

Algunos de esos casos los denunciamos hoy en estas páginas y van desde pueblos convertidos en rehenes de los okupas hasta alcaldes que han tenido que llevar escolta para evitar males mayores ante las continuas amenazas de los usurpadores violentos. Más allá de la intimidación y degradación a la que someten los okupas al resto de la comunidad, el drama de que no se respete un derecho tan fundamental como la propiedad privada -el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo recoge- deja tras de sí un reguero de familias arruinadas por tener que gastar altas sumas en recuperar algo que ya era de su propiedad.

Por mucho que los falsarios mantras progresistas traten de justificar estos actos por causa de pobreza social o dificultad de acceso a la vivienda -hechos reales que hay que atajar, pero jamás deben vincularse a la ocupación ilegal- la realidad es que detrás de los ataques contra la propiedad se esconden mafias que operan únicamente en su beneficio. Solo en Madrid, según datos oficiales de hace un par de ejercicios, el 75% de las okupaciones eran cometidas por grupos organizados. Delincuentes que se aprovechan de la complicidad buenista y pueril de los gobiernos presuntamente progresistas para hacer del drama de la gente en riesgo de exclusión un negocio.