Fascismo rampante en Cataluña

Tenía razón Pedro Sánchez cuando dijo de Quim Torra que era «el Le Pen español», aunque luego el presidente del Gobierno se esté apoyando en «el Le Pen español» para mantenerse en el poder. Lo cierto es que las declaraciones de Torra a favor de los CDR constituyen una apología del delito que debería ser investigada por la Fiscalía General del Estado. Si después de agredir a policías que se manifestaban en Barcelona, de cortar carreteras y vías de tren, de ultrajar la bandera de España y de enfrentarse violentamente a los Mossos d’Esquadra, el presidente de la Generalitat anima a los terroristas de los CDR «a seguir presionando», la única respuesta digna y admisible en un Estado de Derecho es la aplicación del Código Penal y del artículo 155 de la Constitución. El criterio del Gobierno de Sánchez al afirmar que lo que pasó ayer en Cataluña «es asumible» ya no es pasividad, sino complicidad explícita con la actitud de Torra hacia la violencia. El Gobierno está incumpliendo sus deberes constitucionales de proteger y garantizar la legalidad en Cataluña.

La situación dista mucho de ser «asumible». Por el contrario, ha empeorado sensiblemente porque desde que cesó la vigencia del artículo 155 el separatismo ha encontrado acomodo en la estrategia de supervivencia de Pedro Sánchez. El PSOE bendice la deslealtad de Torra y su apología de la violencia con una retórica voluntarista del ciego que no quiere ver. Pero la realidad en Cataluña se acerca mucho más a un escenario dominado por dinámicas fascistas, esas que culpan a la víctima, incumplen la ley, señalan a traidores y se justifican en nombre del «pueblo». España necesita un Gobierno que la defienda frente a esta agresión continuada y creciente por parte del separatismo, y ahora mismo no lo tiene porque el PSOE antepone la retención del poder a sus deberes con el país.