La factura de la parálisis política

La inestabilidad política tiene un coste muy alto para la economía, y no solo por la elevada incertidumbre que provoca en empresas e inversores, con todo lo que ello supone en cuanto a la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino por la imposibilidad de aprobar medidas y reformas que son claves para el correcto funcionamiento del país. Por segunda vez en tres años, España depende de un Gobierno en funciones cuya duración se dilata en el tiempo, retrasando así tanto la ejecución de ciertas partidas como la adopción de importantes decisiones a nivel político y presupuestario. La moción de censura que impulsó Sánchez supuso un punto de inflexión, ya que, en primer lugar, frenó en seco la legislatura que estaba en marcha y, en segundo término, acabó desembocando en un apresurado adelanto electoral cuya única finalidad era preservar la Presidencia en manos del PSOE. Sin embargo, por el momento, la pírrica victoria cosechada por Sánchez el pasado 28 de abril ha dado como resultado un nuevo Gobierno en funciones ante la dificultad de recabar apoyos para ser investido como presidente, y, en caso de lograr su objetivo, deberá contar con los votos de los separatistas y la extrema izquierda, a cambio de la consiguiente contraprestación, lo cual resulta preocupante.

El problema es que, mientras se despeja el tablero político, la economía sigue a la espera de que se implementen una serie de medidas urgentes, empezando por la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales. Sánchez gobierna hoy con las cuentas prorrogadas que aprobó en su día Rajoy y, aunque pretende presentar los Presupuestos de 2020 antes de octubre, el calendario es muy ajustado, ya que la formación de Gobierno no se producirá, como pronto, hasta julio y una vez constituido, tendrá que aprobar el techo de gasto y la nueva senda de déficit, cuya negociación se antoja complicada. El retraso presupuestario conlleva importantes consecuencias a nivel económico y fiscal, puesto que de dicho proyecto dependen tanto la fijación de los objetivos de déficit como el reparto y la orientación de las políticas públicas. Además, dado que un Ejecutivo en funciones no puede aprobar leyes, las subidas de impuestos que diseñó Sánchez para costear el aumento del gasto derivado de sus «viernes sociales» siguen en el aire, poniendo en riesgo la necesaria reducción del desequilibrio presupuestario. Por otro lado, la prórroga de las cuentas públicas impide repartir los 6.500 millones de euros extra que deberían recibir este año las comunidades autónomas debido al aumento de la recaudación tributaria. Y todo ello sin contar que la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, o la reanudación del Pacto de Toledo para reforzar las pensiones tampoco se podrán acometer hasta que exista un Gobierno sólido, capaz de suscitar la confianza y el consenso necesarios para alcanzar grandes acuerdos de Estado.