Editorial ABC

Europa, del rescate a la reforma

La UE trata de garantizar que los países que reciban ayudas sean capaces de devolverlas en el futuro, tras aprovechar esta situación para modernizar sus economías

ABC

Después de dos días de discusiones en el Consejo Europeo, ha quedado claro que el centro del problema no era tanto la cantidad del fondo de recuperación ni su origen, sino las reticencias de algunos gobiernos, sobre todo el de Pedro Sánchez, a aceptar las condiciones para beneficiarse de esas ayudas. Aquellos que han llenado discursos y programas políticos exigiendo eurobonos a los países ricos deberían celebrar que ese fondo extraordinario sea precisamente lo más parecido a una deuda europea mutualizada, de la que será titular la propia Comisión Europea. No se puede negar que hay una parte de pragmatismo en esto, porque la ruina de dos países como España o Italia tendría un coste mucho mayor para el resto de la UE. Incluso Francia podría estar en la cuerda floja, tal y como anticipan las cifras de la recesión que se avecina y cuyos efectos comenzaremos a sufrir en otoño. El interés de todos va a beneficiar a los países más dañados por las consecuencias de la pandemia.

Merece la pena aclarar que las condiciones del primer ministro holandés y otros jefes de Gobierno no tienen nada que ver con las imposiciones de los viejos «hombres de negro» de la anterior crisis. Entonces se trataba de evitar la bancarrota de países que ya no tenían acceso a los mercados de deuda. Ahora sucede lo contrario: el dinero no va a faltar. De lo que se trata es de garantizar que quienes lo reciban sean capaces de devolverlo en el futuro, tras aprovechar esta situación para modernizar sus economías. Las reformas que nos ha pedido reiteradamente la Comisión Europea y que el primer ministro holandés insiste en que cumplamos son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector público y el gasto social del Estado. Asuntos como la reforma del sistema de pensiones y de la legislación laboral son la base de un futuro razonable para la economía de nuestro país, que convive desde hace décadas con una tasa insoportable de desempleo y se dirige hacia una catástrofe demográfica. Si el presidente del Gobierno no fuera prisionero de los apriorismos demagógicos de su socio de coalición, no hubiera mostrado tanto rechazo a esas condiciones, enmarcadas en un contorno razonable e incluso beneficioso para España. Sin embargo, cabe preguntarse cómo pueden percibir el primer ministro holandés o el canciller austriaco que el partido del presidente del Gobierno haya pactado con formaciones antisistema como Bildu el cambio de la legislación laboral y que Pedro Sánchez mantenga una inquietante ambigüedad sobre cuáles son sus planes reales, porque de ellos dependerá la capacidad de España de ser un país razonablemente bien gestionado que pueda devolver una parte del dinero que se nos va a proporcionar.

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