Era una estafa a la democracia

La decisión del Tribunal Supremo de revocar el privilegio que la administración penitenciaria catalana concedió en abril, en pleno estado de alarma, a Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña, corrige una arbitrariedad política y una aberración jurídica de la Generalitat. En efecto, era preciso que el Supremo argumentase que la concesión de beneficios penitenciarios abusivos a Forcadell -y por extensión a los demás condenados por sedición- era un fraude de ley notorio. Pero ABC ya lo había denunciado exactamente con las mismas palabras. Más aún, las excarcelaciones y la concesión de un régimen de semilibertad para todos ellos cuando ni siquiera habían cumplido ocho meses desde la sentencia, no son solo un fraude de ley, sino una estafa a la democracia de la que presumía la Generalitat de modo desafiante.

Por ahora esta decisión del Supremo afecta exclusivamente a Forcadell, pero ya avanza un criterio idéntico para el resto de condenados que se acogieron al artículo 100.2 de la normativa penitenciaria y, lo que es más relevante, para la futura anulación de la concesión del tercer grado que días atrás aprobó la Generalitat. Es evidente que ninguno se ha arrepentido de sus delitos, que la acreditación de sus labores de voluntariado para acceder a la semilibertad era una pantomima, y sobre todo que algunos de ellos se han conjurado públicamente para reincidir en su golpismo. No merecen la libertad, están mintiendo con coartadas fraudulentas para salir de prisión y no han pagado suficientemente por sus delitos. Pero no porque así lo sostenga ABC, sino porque es lo que establecen nuestro Código Penal y nuestras leyes procesales, que están siendo vulneradas de modo flagrante por la Generalitat. En puridad, y para salvar cualquier asomo de agravio con decenas de miles de presos con los que la Administración no tiene la condescendencia que sí demuestra con estos golpistas, no deben abandonar la cárcel. No toca aún.

Políticamente, lo ocurrido también es relevante. La réplica de Torra y de Puigdemont, e incluso de Forcadell aduciendo que el Supremo actúa «por venganza», es delirante. Muy al contrario, el Supremo empieza a restaurar parte de la mucha confianza perdida por los españoles en la Justicia. Empezarán nuevos episodios de victimismo entre los condenados, habrá llamamientos al separatismo para movilizarse, y el independentismo volverá a chantajear a Sánchez porque la Fiscalía General consiente que sigan en prisión. Pero en España debe seguir vigente la separación de poderes. Y, sobre todo, la Justicia. Esa que sabe que en España no hay «presos políticos», sino delincuentes que se han mofado de los tribunales pisoteando la legalidad. Hoy, aún disfrutan de un tercer grado a todas luces ilegal. Cuanto antes regresen a prisión, antes habrá una percepción real de justicia.