El Estado pasa factura al separatismo

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas a reintegrar a las arcas públicas catalanas 4,9 millones de euros, que es el coste de organización del referéndum celebrado el 9 de noviembre de 2014. Además, otros exconsejeros de Artur Mas han sido condenados a cantidades menores, que se corresponden con los gastos causados por sus respectivas consejerías con motivo del referéndum ilegal del 9-N. Lenta pero inexorablemente, esta vez ha sido la Justicia contable la que ha alcanzado a los autores de aquella ilegalidad flagrante. No sólo responden penalmente por los hechos, sino también patrimonialmente, asumiendo en toda su dimensión jurídica la gravedad de su conducta. No se trata de una resolución ejemplarizante, sino justa, sin otra pretensión que no dejar impunes unas decisiones que sustrajeron casi cinco millones de euros al destino que debían recibir los fondos públicos a disposición de la Generalitat. El cumplimiento de la ley implica también usar el dinero de los ciudadanos para asuntos de interés general y con arreglo a la legalidad, no como fuente de financiación de estrategias partidistas.

Mas y el resto de políticos condenados a la devolución del dinero actuaron con esa desfachatez propia de quienes se sienten aupados por «el pueblo» por encima de las reglas del Estado de Derecho, como si la legitimidad de un separatista estuviera muy por encima de las obligaciones de un demócrata. Y sí, esta sentencia encierra también un aviso a los autores del 1-O para que entiendan que el Gobierno de Sánchez puede prometerles mucho, pero cuando se refieren a la aplicación de la ley, y esta depende de instituciones autónomas, como la Fiscalía, y tribunales independientes, esas promesas son papel mojado. El Estado pasa la factura que escriben las leyes y cobran los tribunales.