El Estado de derecho no se deja intimidar

La notable desmovilización del separatismo catalán, materializada en la concentración de la Diada del pasado miércoles, ha reflejado el agotamiento de una aventura política cuyo fin se reduce a estas alturas a exigir la libertad de los golpistas. Pese a las soflamas de sus cabecillas -con un Jordi Sànchez que ahora pretende provocar desde la cárcel la insumisión fiscal de los catalanes o un Quim Torra cuyo irredentismo apenas pasa de agitar a los CDR- el nacionalismo trata de salvar los muebles ante su público, claramente menguante, con una sentencia «amable», en palabras del presidente del PNV. Si la Diada de este año había sido planificada como una exhibición de músculo independentista para amedrentar al Tribunal Supremo y la clase política, la pérdida de apoyo callejero demuestra que la previsible condena de Oriol Junqueras y su séquito no va a provocar ninguna quiebra social en Cataluña, menos aún una revuelta, lo que tampoco sucedió durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A través de leyes o sentencias, el Estado de Derecho es la mejor fórmula para garantizar esa «convivencia» que el Gobierno socialista insiste en considerar amenazada para tirar por elevación y no señalar a los genuinos responsables de la crisis catalana.

Con o sin multitudes, la Diada no puede ser la vara de medir de la respuesta judicial a un delito como el cometido por los golpistas del procés, ni aún menos la de un Ejecutivo que nunca ha rechazado la posibilidad de un indulto con el que pasar la página de aquella rebelión. En manos de Quim Torra, la Generalitat aprovecha la condescendencia del Gobierno de Sánchez para llamar de forma impune y continuada a la desobediencia y el choque institucional y para fingir la vigencia de un proceso separatista que está agotado, y no por el cansancio de sus seguidores, sino por la determinación del Estado de Derecho para atajarlo.