España pierde otra vez

Resulta accesoria la insólita y vergonzosa simulación teatral a la que el PSOE y Podemos han sometido a los españoles. El daño infligido a nuestra democracia y a nuestra imagen de nación solvente ha sido brutal. Las consecuencias son muy nocivas: España continuará al menos dos meses más con un Gobierno en funciones, y la posibilidad de celebrar elecciones en noviembre crece exponencialmente en un escenario de ralentización económica e inseguridad política generalizada.

El cambalache de la negociación-farsa planteado por Sánchez e Iglesias ha sido disparatado. Con golpes de efecto, filtraciones interesadas y amagos falsarios no se construye absolutamente nada serio. Y menos aún una investidura. Ha sido un fraude a la ciudadanía porque una negociación política nunca puede reducirse a la frivolidad. Nuestro Parlamento merece mucho más respeto porque es la expresión de la soberanía popular, y no el jardín de infancia de una partitocracia ególatra y de una izquierda cainita con patente de corso para jugar con los intereses de todos. Ha sido un irritante proceso de manipulación de la opinión pública para que Sánchez e Iglesias fabricasen coartadas argumentales irreflexivas, superficiales y exculpatorias de su fracaso. Todo ha sido una farsa en la que hasta Bildu y ERC se han erigido en mediadores mendicantes para que no decayera el primer gobierno social-comunista con capacidad para romper España. En eso hemos ganado. La subasta de escaños y ministerios ha sido delirante e indigna.

España dispone de dos meses para poder retomar la investidura de Sánchez o, definitivamente, concurrir a las urnas en noviembre. Con una diferencia: ahora la iniciativa corresponde de nuevo al Rey, porque Sánchez, desde una perspectiva constitucional, ya ha perdido toda prerrogativa de control sobre el proceso. No es fácil el guion que le queda interpretar a Don Felipe. Sin embargo, es la hora de España otra vez. Cuatro elecciones generales en cuatro años es demasiado y sería indiciario de un fracaso global y de una incapacidad manifiesta por interpretar el mandato de las urnas, que exige mayoritariamente pactos constitucionalistas. Reeditar los comicios sería casi inasumible para un ciudadano próximo al hartazgo y al aborrecimiento de su clase política. España no puede depender del tacticismo de los partidos, de su obsesión por los sondeos, de sus vetos y bloqueos o de su capacidad para generar estados de opinión maleables a capricho. Toca madurar y pensar en los intereses generales. Sánchez debería retomar la iniciativa, reconducir su neoizquierdismo y renunciar taxativamente a cualquier negociación con el separatismo y el comunismo para ofrecer al PP y a Ciudadanos acuerdos realistas de Estado por el bien de España.

Sánchez debería rectificar su concepto del cordón sanitario a la derecha y exponer claramente que no pactará nunca con quienes se propongan destruir los consensos constitucionales. Si no lo hace, nunca dará margen alguno a Pablo Casado y a Albert Rivera para manejar la opción de una «abstención técnica», o un «voto patriótico», que avale la garantía de un gobierno socialista en solitario. Casado y Rivera ya reciben múltiples presiones a favor y en contra, dentro y fuera de sus propios partidos. Y harán bien en recapacitar y corregir posiciones maximalistas por el bien de España. Pero antes Sánchez debe recuperar la credibilidad, algo que se ha empecinado en perder desde que retornó a la secretaría general del PSOE. Y todo, más allá de que el PP difícilmente olvidará las heridas aún abiertas de la moción de censura. La generosidad del constitucionalismo es imprescindible, pero Sánchez no puede pretender en septiembre un apoyo gratis para después gobernar con esos socios ultraizquierdistas que ahora han destrozado sus expectativas.

Unas nuevas elecciones, por legítimas que sean, supondrían un riesgo incierto e irresponsable para todos los partidos. Pero en septiembre también habrá nuevos condicionantes que complicarán la gobernabilidad. La amenaza entre los partidos de la izquierda ha sido dura y no hay visos de que ese odio descarnado desaparezca. Por eso estrecharán mucho el margen a Sánchez. Además, la atmósfera política se volverá a enrarecer en otoño con la sentencia del Supremo sobre los golpistas y con la ralentización de nuestra economía. La posición de sus socios de moción ya no será igual, y sería lógico que Sánchez trate de girar a la desesperada hacia PP y Ciudadanos en busca de una oportunidad «in extremis». Por eso conviene poner en cuarentena ese supuesto proceso de blanqueamiento al que Sánchez se ha sometido a sí mismo con una «moderación» oportunista del PSOE. Su problema es la falta de fiabilidad; y el de los ciudadanos, este nuevo fracaso por el que España pierde otra vez.