España necesita una gran coalición

Tres son, al menos, las grandes reformas institucionales que esta gran coalición debiera comprometerse a realizar.

1. La reforma de la estructura territorial del Estado.

2. Una nueva ley electoral y de partidos que solucione la crisis de gobernabilidad que estamos abocados a repetir de ahora en adelante.

3. La consolidación de la necesaria separación de poderes que ponga fin a la politización de la Justicia mediante un nuevo sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, llegado el caso.

La organización territorial del Estado que nos dimos en 1978 adolece de graves defectos como ha venido subrayando prácticamente la totalidad de la doctrina. La cuestión se ha agravado últimamente por la situación que atraviesa la comunidad autónoma de Cataluña, que necesita de urgentes medidas políticas que no se debieran aplazar por más tiempo. Proseguir con la cantinela, muy al uso, de que el Estado autonómico ha sido un éxito constituye en realidad una burla a la ciudadanía que no se merece semejante embuste. Son únicamente los políticos que viven del pesebre autonómico los que defienden con ardor el mantenimiento de tal estado de cosas por el temor a que un día se acabe el momio del que disfrutan.

El Estado autonómico no solamente está poniendo en riesgo permanente la estabilidad y la unidad del país sino que ha derivado en un tinglado inútil para nuestro progreso y bienestar. Hemos construido un Estado innecesariamente complejo y disfuncional, excesivamente caro y despilfarrador donde menudea la corrupción como estamos comprobando que ha venido ocurriendo, por desgracia, en tantas comunidades autónomas en estos últimos tiempos. Todo ello no hubiera sucedido, a mi juicio, en nuestra Administración central del Estado que opera con cuerpos de profesionales muy selectos y preparados que garantizan un funcionamiento de alto nivel de capacitación y eficacia. Satanizar el Estado unitario para canonizar al Estado autonómico ha sido quizás uno de los más graves errores de la Transición. Rectificar es de sabios.

Por otra parte, el sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas impide en realidad la verdadera conexión entre representantes y representados pues los parlamentarios finalmente no tienen que rendir cuentas de su labor ante sus electores. Así estamos viendo cómo nuestros diputados -designados por los respectivos líderes de cada partido a su conveniencia- no se preocupan sino de cumplir dócilmente las consignas del mando, sin aportar nada personal de verdadero relieve a su actividad parlamentaria, con lo que hemos llegado a convivir con un sistema democrático de muy baja calidad. Mientras en nuestro tejido empresarial se lleva a cabo un proceso extraordinariamente exigente de selección de personal, en los partidos políticos cualquier personajillo de tres al cuarto se encarama en posiciones de alta responsabilidad, sin acreditar la más mínima experiencia profesional ni título académico de alguna relevancia. Pero es que además el sistema proporcional favorece la fragmentación parlamentaria, otorgando un poder abusivo a exiguas minorías que acaban decidiendo el rumbo de la nación sin que su respaldo electoral les haga merecedor a ello. Las dificultades que se derivan del sistema proporcional para la debida formación de los gobiernos de turno las estamos padeciendo ahora en toda su crudeza.

Por último, es imprescindible abordar la reforma del Poder Judicial para asegurar una real y eficaz separación de poderes, de tal manera que los políticos no sigan interviniendo desconsideradamente en los nombramientos que afectan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial así como a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Pero no son solamente estas tres cuestiones las que debiera abordar un pacto de gran coalición. No tardará mucho tiempo en llegar una nueva crisis económica que requerirá del próximo gobierno la toma de medidas de hondo calado, siempre difíciles de llevar a cabo si no se encuentra con el respaldo necesario para ello. No es difícil imaginar por otra parte que la Unión Europea va a entrar próximamente en un proceso de reestructuración al que España debería contribuir presentando las propuestas que estime pertinentes con firmeza y autoridad. En este sentido, un acuerdo de populares, liberales y socialistas tendría un peso indiscutible en el ámbito europeo, proporcionándonos una fuerza y representatividad que hoy no tenemos. Y no me olvido de la respuesta que debamos dar igualmente al problema de las pensiones, así como a la espinosa cuestión migratoria, al tema energético y a la necesaria consecución del ansiado pacto educativo. En todo caso este acuerdo de gran coalición, reitero, debiera tener un plazo tasado de vigencia que bien podría ser de dos años, plazo que estimo suficiente para resolver las cuestiones que hemos venido señalando.

Si durante la Transición fuimos capaces de concluir los Pactos de la Moncloa y dar vida a nuestra actual Constitución -gracias a la inteligente colaboración desarrollada entonces entre la extinta UCD y el PSOE- no veo por qué las tres fuerzas constitucionalistas no puedan hacer otro tanto y lleguen a realizar el programa de reformas que el país precisa. ¿Pues qué otra cosa es hoy el PP y Ciudadanos sino la versión actualizada de lo que en su día fue la propia UCD?

Sé muy bien de la dificultad del empeño pero es necesario poner los intereses de España por encima de los intereses inmediatos de las fuerzas políticas y sus egoístas apuestas electorales, pues sin una verdadera política de Estado nuestro país proseguirá deambulando sin rumbo fijo y seguiremos perdiendo el tiempo que precisamos para enderezar el destino de nuestra Nación.

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Ignacio Camuñas Solís fue ministro adjunto para las relaciones con las cortes