España, ante una nueva alarma

La comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez para abordar nuevas medidas sociales contra la pandemia fue un fiasco. No aporta novedad alguna, no resuelve el laberinto jurídico en el que mantiene retenidas a las autonomías, no decreta el estado de alarma pese a sostener que la situación es grave, responsabiliza a las comunidades de cualquier empeoramiento, y renuncia a ejercer el liderazgo que le corresponde. La de ayer fue un remedo de esas interminables comparecencias de primavera para transmitir un mensaje vacío y sin soluciones contra el agravamiento de los contagios. Es notorio que pretendía recuperar el foco mediático perdido en la moción de censura, y lo hizo con soflamas, entre épicas e infantiles, que solo generan más confusión ciudadana y más caos administrativo.

El resultado de la «no gestión» de Sánchez es que el Gobierno autoriza a cada autonomía, con total libertad y sin condicionantes jurídicos, a imponer toques de queda encubiertos sin decretar la alarma, lo cual es jurídicamente discutible porque la restricción de derechos fundamentales no es posible sin una excepcionalidad debidamente acreditada. Sánchez tiene un problema político serio. Es evidente que ha decidido no asumir por ahora el riesgo de perder la mayoría parlamentaria si se diese el caso -altamente probable- de que la alarma tuviese que ser prorrogada. Sencillamente, quiere impedir a toda costa el desgaste que sufrió el Gobierno con el confinamiento masivo de marzo a junio. Por eso deja todo como estaba, al libre albedrío regional y con España sumida en una parálisis legislativa desde hace seis meses porque, como avanzó ABC días atrás, ni siquiera se ha desarrollado legislativamente el «decreto de nueva normalidad».

Por eso Sánchez se ve ahora sin capacidad de respuesta, arrollado por la improvisación y sin marco legal en el que ampararse, lo cual suscita un problema preocupante: ¿qué ocurrirá si las autonomías dictan medidas para mermar libertades y los tribunales tumban esas decisiones porque deberían estar amparadas en el estado de alarma? ¿O si cada tribunal autonómico emite fallos contradictorios? Esta suerte de anarquía legislativa en la respuesta al virus solo va a generar más incertidumbre, y la prueba fehaciente es lo ocurrido en las últimas horas. La Comunidad Valenciana desoyó al ministro Illa y aplicó por su cuenta un «toque de queda»; País Vasco, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Cantabria y Melilla solicitaron directamente el estado de alarma; y Madrid sale justo hoy de una alarma con un renovado marco de confinamientos por áreas después de ser «intervenida» de facto por el Gobierno. Cada comunidad, una receta, y cada español, más perplejo y desorientado. A Sánchez le falta arrojo y le sobra palabrería. Es una cuestión de más responsabilidad y menos marketing.