Cuando el sistema autonómico mata (¿sin querer?)

Empieza a ser intelectualmente miserable que los politicastros en Gobiernos que padecemos solamente sean capaces de hablar de nuestro sistema autonómico de manera laudatoria, y muy, muy interesada, sin la menor lógica ni argumentación racional. Nos referimos al estado actual del sistema autonómico, en lo que ha devenido por mor de los políticos, y no a la idea primigenia que se inserta en nuestra Constitución, absolutamente imprecisa y que permitía muchos desarrollos muy distintos.

Desde hace al menos un par de lustros somos muchos los que hemos intentado analizar en base a la razón, frente a las soflamas políticas panfletarias, los efectos reales del sistema autonómico sobre distintos aspectos. ¡Hasta el Nobel Piketty ha demostrado su efecto desigualitario! Y no nos referimos a las consecuencias políticas, tan evidentes, sino que nos centramos en consecuencias económicas, financieras y sociales, que serán medibles en cualquier modelo teórico. La responsabilidad de los gobernantes e Instituciones como el Banco de España o el Comité Económico y Social, precisamente, hubiera sido estudiar en profundidad y con rigor apartidista, los problemas creados para ir aplicando reformas beneficiosas para el interés general. Incluso, dicen que algunos estudios de calidad sí se produjeron…. y se taparon rápidamente de lo mucho que asustaron a los gobernantes. Dicen…

Pero ha llegado un punto en que adular el sistema autonómico por intereses políticos provoca indignación y nos revolvemos. Ese punto es la crisis sanitaria en España del COVID-19. Y la repulsa ante la actitud egoísta de gobernantes, caciques y politicastros se debe a que estamos tocando lo esencial: la vida humana. No es la primera vez, a nuestro juicio, pues no se quiso estudiar la merma en nuestra seguridad que supuso la absurda desintegración de nuestras fuerzas de seguridad con la creación de policías «integrales» regionales en los atentados «de las Ramblas». Pero en este momento la evidencia es más cruda y el efecto deletéreo también.

En esta crisis afloran algunos aspectos muy negativos del sistema alcanzado, en el que recordemos, se cedió a las Comunidades Autónomas íntegramente la sanidad, cosa innecesaria, pues podríamos tener un sistema autonómico sin haber cedido tan sensible competencia. Recapitulemos. En primer lugar, padecemos la pérdida de unidad de mercado en España, que es cosa espantosamente destructiva para nuestra prosperidad. Ello ha impedido la libre circulación urgente de equipamiento, medicinas (hidroxicloroquina), a veces atesoradas por gobiernos regionales, de unas regiones más desahogadas a otras más necesitadas. En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto la terrible ingobernabilidad de nuestra Nación incluso en tiempos de crisis. El estado de alarma ha resultado en un fiasco total en cuanto a mando único y a unidad de acción, ambos indispensables para evitar muertes. Los ejemplos más evidentes son la incapacidad del Gobierno de centralizar la compra de materiales necesarios y distribuirlos racionalmente por España (y abaratando costes por economía de escala) o de ni siquiera poder establecer un método de recuento de fallecidos e infectados en España. Ni siquiera parece que el Ministerio disponga de un mapa de disponibilidades de camas y UCIs a nivel nacional para disponer traslados y asignación de puestos óptimos por toda España. Y si alguien ha fallecido por falta de UCI habiendo UCIs vacías en otra comunidad autónoma, es una muerte que se hubiera podido evitar y que justifica el título del artículo. Por supuesto recordemos cómo en las decisiones de cierre de industrias o de abordar el problema educativo varias autonomías están haciendo lo que le viene en gana. En tercer lugar, se ha puesto en evidencia la abyecta vertiente desigualitaria del sistema autonómico, y, ahora, frente a riesgo de muerte. ¿Alguien puede creer que una comunidad uniprovincial va a tener las mismas posibilidades que la de Madrid para conseguir por sus propios medios material indispensable en el mercado internacional? Le llegará tarde. ¿Es igual la gestión de las residencias en una provincia pobre que en otra rica? ¿Por qué es La Rioja la comunidad más castigada en términos relativos? Etc…Y en cuarto lugar por ser breve, la falta de visión de Estado y la dinámica de rivalidad y competencia entre regiones lleva a impedir traslados a lo largo de España… ¡salvo benévola negociación entre partes de España! O, lo intolerable, a obstaculizar la intervención de instituciones del Estado que evitarían muertes en residencias de mayores.

Creemos que lo expuesto es de palmaria evidencia, por eso creemos que en este sistema autonómico se producen más muertes de las inevitables.

Sólo deseamos que en la futura España que salga de la crisis se extraigan las lecciones «vitales» de estas evidencias y que políticos con ética del bien común empiecen a estudiar el gravísimo tema y a plantear las reformas necesarias. Al ritmo sensato, pero con la radicalidad que exige salvar vidas humanas.

Enrique Calvet Chambon es ex eurodiputado-Fundador de ULIS (Unidos libres iguales y solidarios).