El enésimo chantaje de Puigdemont

Un día más, Carles Puigdemont hizo ayer todo lo posible por monopolizar la atención política, dificultar aún más cualquier salida para el futuro de Cataluña, y enrarecer el ambiente previo a una investidura. Su grupo retiró ayer la petición a la Mesa del Parlament para que Puigdemont fuese autorizado a delegar su voto en su hipotética investidura , de modo que por ahora se impide la impugnación de ese acto y, de momento, el fraude de una investidura ilegal y a distancia. El resultado de esta nueva pirueta es un nuevo retraso en cualquier trámite lógico tendente a que Cataluña pueda normalizarse. Por tanto, continuará el espectáculo esperpéntico que cada día, y a cualquier hora, ofrece Puigdemont. La gran novedad de esta novela por entregas hasta que se pueda producir su inevitable encarcelamiento es su ofrecimiento de regresar a España para gobernar, siempre y cuando no haya «riesgo» de que sea condenado. Ya no cabe mayor cinismo en Puigdemont. No es admisible pedir ahora «diálogo» al Gobierno de Mariano Rajoy después de haber delinquido, y haber despreciado con un chantaje al Estado ese mismo diálogo cuando se le ofreció en los límites de la ley . La fuga de Puigdemont no es ningún «conflicto político». Eso es una falsedad. Fue el destituido presidente de la Generalitat quien traspasó la barrera del «conflicto político» convirtiéndolo sencillamente en un «conflicto penal» por el que debe responder. Incurrir en la trampa de un blanqueamiento de su imagen en busca de inmunidad para regresar a España es un lujo que el Estado de Derecho no puede permitirse.

A Puigdemont se le estrecha el cerco y es consciente de ello. Por eso, su última sandez es exigir al Estado que se humille porque goza de una mayoría parlamentaria suficiente para ser investido, como si eso fuese un salvoconducto para violar la legalidad sin consecuencias. La perversión de las palabras en Puigdemont es tan detestable como su desprecio por la legalidad. Es él quien delira, y no el magistrado Pablo Llarena, que cumple con su obligación de intentar que llegue a ser juzgado por todos los delitos cometidos, y no solo por los que decidan el fugado o un juez belga o danés. P uigdemont es plenamente consciente de que el Estado no puede negociar la indignidad de su retorno absolviéndole de su ejecutoria golpista . Ayer se lo recordó Rajoy. Su pretensión es debilitar al Estado y generar dudas en una parte de la opinión pública sobre su falso derecho a formar gobierno desde Bruselas o desde Barcelona, borrando todas las acusaciones como si nada hubiese ocurrido. Hoy, el viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, es una ofensa al sentido común porque si algo han de hacer JpC y ERC es buscar un candidato limpio de antecedentes, sin un pronóstico penal adverso y respetuoso con la ley. Y Puigdemont no encaja en nada.