La enésima cacicada contra los jueces

El veto del PSOE y Podemos para que la Mesa del Congreso tramitase ayer la petición de que el Consejo General del Poder Judicial, y la llamada Comisión de Venecia de la UE, pudiesen siquiera opinar sobre la reforma judicial planteada por el Gobierno es una arbitrariedad impropia de una democracia. Esos partidos tienen la mayoría, y como tal la ejercen. Pero parece razonable y lógico que si el Ejecutivo pretende atar de pies y manos al Poder Judicial para realizar nombramientos mientras su mandato esté en prórroga, al menos los jueces puedan informar acerca de una reforma que afecta sustancialmente a los equilibrios de la Justicia y a su trabajo. Por desgracia, empieza a ser una constante el autoritarismo con el que se desenvuelve el Gobierno y el desapoderamiento real que ha hecho del Poder Legislativo, convirtiendo al Congreso en una Cámara a la medida de La Moncloa y alejada de mandatos constitucionales claros. Ya impidió a la comunidad educativa pronunciarse acerca de la «ley Celaá» y ahora se propone hacer lo mismo ninguneando a los jueces. Y todo, con una diferencia que agrava más aún el abuso del PSOE y de Podemos: que la Justicia representa un poder del Estado independiente al que se pretende sojuzgar por la vía de la imposición silenciando su voz.

Lo primero que llama la atención es que un Gobierno con jueces como ministros consienta un despropósito semejante, salvo que esos jueces estén de acuerdo en limitar las funciones de un poder del Estado. Y lo segundo es que en plena batalla interna entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a cuenta de la política presupuestaria, de la vivienda y los alquileres, del precio de la electricidad, o de las medidas laborales, no haya una sola fisura cuando se trata de atacar a los Tribunales. El argumento empleado ayer por el PSOE no deja de resultar sospechoso y, sobre todo, delator. Sostener que precisamente la separación de poderes otorga al legislativo la opción de acallar al judicial -en una simple opinión no vinculante, conviene insistir- es como mínimo contradictorio. No tiene sentido invocar el principio constitucional de la separación de poderes cuando la operación consiste en que el ejecutivo, y a sus órdenes el legislativo, manoseen al judicial a su capricho. Es tanto como relegarlo a un plano de inferioridad y, en términos puramente políticos, una cacicada para cerrarles la boca. La pregunta es por qué. ¿Por qué el Gobierno y la mayoría parlamentaria de PSOE, Podemos y el independentismo prejuzgan que la opinión de los jueces va a ser contraria a su reforma? La clave no está en intereses políticos, partidistas o ideológicos, sino en la superación de la Constitución, que es en realidad el objetivo de Sánchez.

Desde esta perspectiva, en la decisión de Sánchez e Iglesias -es relevante que esta sí sea al unísono- subyace la negación arbitraria de que un órgano constitucional en prórroga esté legitimado para hacer nombramientos judiciales. Cabe admitir que la cuestión puede ser objeto de debate jurídico porque la obligación constitucional de renovar órganos como el CGPJ en tiempo y forma es imperativa. Pero la cuestión podría llevar al absurdo de que si no hubiese nunca un acuerdo político de renovación, jamás se podrían cubrir vacantes de la carrera judicial. Por eso la clave es otra. El PSOE tiene prisas por imponer a sus propios candidatos para cubrir vacantes sin alcanzar los acuerdos proporcionales que exige el funcionamiento interno del CGPJ. A partir de ahí, se entiende bien su voluntad de menoscabar el peso real que debe tener el CGPJ en nuestra democracia.