Editorial
La zozobra del Constitucional
La fractura interna del Tribunal, sus pugnas autodestructivas y su sensación de fragilidad y descrédito deben empujar al PSOE y al PP a pactar su renovación con urgencia
Con una división por la mitad, la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha confirmado la exclusión de Toni Cantó y Agustín Conde de la candidatura del PP en Madrid. El voto de calidad del presidente, Juan José González Rivas, apoyando la tesis de los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, deshizo el empate formado con la oposición de los otros tres magistrados, propuestos en su momento por el PP, partido que también propuso en su día al propio González Rivas. La división de criterios entre los seis magistrados reitera la que ya habían apuntado la Junta Electoral Provincial de Madrid, por un lado, y un juez de lo contencioso de la capital, por otro. Lo cierto es que del TC se esperaba un visión más constitucional y menos burocratizada del derecho fundamental de participación política. La decisión de esta misma Sala, en abril del pasado año, acerca de la prevalencia del estado de alarma sobre el derecho de manifestación anticipó un sesgo restrictivo con los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Con lo generoso que es el TC con sus sentencias interpretativas, que dejan impunes algunas vulneraciones de la Constitución, y sus doctrinas a favor de los derechos fundamentales en caso de duda, llama la atención la interpretación reglamentista que ha hecho en este caso. Habrá que confiar en que mantenga el mismo rigor cuando vaya a resolver los recursos contra las fórmulas de juramento o promesa que emplearon diputados separatistas y de extrema izquierda el pasado año, y que constituyeron flagrantes vulneraciones de lo dispuesto por la ley. Si a un ciudadano, como Cantó o Conde, se le puede privar de su derecho al sufragio pasivo por un peculiar requisito administrativista del censo electoral, con mayor motivo se podrá declarar la nulidad de la toma de posesión como diputado por algo mucho más grave como es la burla del compromiso con la Constitución. De todo queda rastro en la hemeroteca y en los archivos del TC.
Esta fractura del TC llega en medio de un debate sobre la inestabilidad de este órgano, cuya historia más reciente va alternando episodios coyunturales y males endémicos. Y en un contexto preocupante sobre la independencia judicial, para la que tres asociaciones judiciales han pedido protección en Europa. La incomprensible lentitud con la que el TC tramita recursos de inconstitucionalidad muy importantes para la sociedad española -el aborto, la prisión permanente revisable, o el estado de alarma de 14 de marzo de 2020- se suma al rigor con el que hace prácticamente imposible que un ciudadano consiga que su recurso de amparo sea admitido a trámite, llegando a rechazar de plano casi el 99 por ciento de estas demandas. Así sucede que la justicia constitucional, llamada ser el árbitro del sistema, ha decidido llegar tarde en el control de constitucionalidad de las leyes, y prácticamente se ha borrado en la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
La composición del TC para un asunto tan relevante como la decisión sobre los recursos interpuestos por los golpistas del ‘procés’ contra las condenas impuestas por el Supremo ha quedado tocada por dos exclusiones, las de los magistrados Narváez y Conde-Pumpido. Doble éxito para las defensas de los dirigentes separatistas, que añade inquietud al seno del TC cuando más necesaria es su unidad interna. Urge, por tanto, que los partidos políticos se avengan de una vez a pactar la renovación parcial de este Tribunal para evitar esta sensación de fragilidad, de endogamia autodestructiva y de descrédito.
