Editorial
La vital seguridad nacional
La estrategia de seguridad europea y atlantista que dice perseguir Sánchez y los riesgos que detecta el documento son incompatibles con los socios que ha elegido para gobernar
El Gobierno está elaborando el documento con la Estrategia de Seguridad Nacional, cuyo último borrador hoy publica ABC, que actualizará el aprobado en 2017, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, de 2005. Se trata de un análisis de las prioridades para un plan de seguridad de los intereses españoles, lo que se traduce en la identificación de las amenazas, riesgos, potenciales y reales, a los que se enfrentará España en los próximos años. El documento identifica los problemas habituales de cualquier política de seguridad nacional -terrorismo, Magreb, injerencias rusas- y refuerza su atención a los derivados de amenazas crecientes, aunque no nuevas, como la ciberdelincuencia. El lenguaje del borrador combina las referencias propias de un documento elaborado por expertos en defensa, con la terminología políticamente correcta tan presente en los discursos del Gobierno, como «transición ecológica» o «resiliencia». También son frecuentes las alusiones a la pandemia del Covid-19, a las estrategias «híbridas», incluso se desliza una críptica mención al «paradigma socio-económico liberal». La amenaza del terrorismo yihadista es puesta en relación con «la polarización y la crisis económica», eludiendo el fanatismo religioso que la alimenta y que es un dato esencial para la prevención de sus actos terroristas.
El verdadero problema que plantea este nuevo documento es saber si cuenta para su futura aplicación con el apoyo de un Gobierno dispuesto a hacer la política de seguridad propia de una democracia occidental. Lo primero que hace falta, sin duda, es aceptar la realidad y no ocultarla, como ha sucedido con el atentado yihadista en Torre Pacheco (Murcia), en septiembre pasado. Para ejecutar una política de seguridad europea y atlantista, los socios de Gobierno que ha elegido Pedro Sánchez no son los adecuados. El peor panel europeo de comunistas, separatistas y proetarras difícilmente puede apoyar una estrategia de seguridad en la que se refuercen los vínculos con la OTAN y se reafirmen las alianzas con Estados Unidos, se identifique a Rusia como fuente de injerencias y se apueste por proteger Ceuta y Melilla.
Tampoco facilita una seguridad nacional operativa la escasa relevancia internacional del Ejecutivo de Sánchez. Sus éxitos diplomáticos se miden por los segundos que consigue que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le haga caso en los huecos de su apretado horario. Más allá de estos episodios, no hay rastro del Gobierno en las tomas de decisiones importantes, en los grupos reducidos de gobiernos influyentes, en los foros internacionales donde están en juego los intereses colectivos.
Pero si algo determinará la implicación del Ejecutivo con la seguridad nacional será el presupuesto que realmente acabe destinando a lo que el borrador de Defensa denomina «capacidades militares», para las que pide «un marco presupuestario estable». España es el segundo país de la OTAN que menos presupuesto dedica a gastos militares, en proporción a su producto interior bruto. Es cierto que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 hay un incremento del gasto en Defensa, pero apenas servirá para nuevas inversiones porque irá destinado a pagar compras de armamento cerradas años atrás. La demanda de un mayor esfuerzo presupuestario no responde a un ánimo militarista, sino a una constatación de las amenazas exteriores y de los compromisos internacionales de España. El rearme de Marruecos y sus pactos privilegiados con EE.UU. e Israel, la lucha contra el terrorismo en el Sahel o las misiones de contención de la presión rusa en el Báltico obligan a España a no caer en un buenismo incompatible con el signo de los tiempos.
