Editorial
Tramposos por decreto
El nacionalismo catalán, con los socialistas de la mano, vuelve a demostrar que lo suyo es el estado permanente de confrontación con la Constitución y de desafío a los tribunales
La cuestión está muy clara en Cataluña: el Gobierno autonómico tiene la obligación, declarada por sentencia firme, de asegurar que el castellano es lengua de enseñanza del 25 por ciento de las asignaturas. Todo lo que no suponga el cumplimiento de esta declaración judicial, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entra ya en el terreno del Código Penal, por un delito de desobediencia, para empezar a hablar. Solo falta una actitud vigilante por parte de la Fiscalía para que las sentencias no queden en papel mojado cada vez que molestan a la Generalidad. Por este motivo, no hay que dejarse confundir con las tretas de última hora que ha puesto en marcha el Gobierno de la Generalitat y con los pactos tramposos que han alcanzado los partidos nacionalistas, incluido el Partido de los Socialistas de Cataluña. El Ejecutivo de Pere Aragonès se ha dirigido al tribunal catalán, agotando el plazo que se le dio para explicar cómo ejecutará la sentencia, exponiendo la enésima trampa del nacionalismo catalán para mantener secuestrado el castellano en su sistema educativo. Por un lado, el Gobierno autonómico aprobará un decreto para modificar la Ley de Educación Catalana; por otro, los socialistas, Esquerra Republicana y los comunes de Ada Colau impulsarán una reforma de la ley de Política Lingüística, aprobada en 1998, para reconocer lo obvio, que el castellano es lengua de uso en la enseñanza. Como esta declaración será la primera vez que se incluye en la ley catalana, parece que los nacionalistas han entrado en razón, pero nada de esto ha sucedido. Las iniciativas legales del Gobierno catalán y de los partidos nacionalistas, con los socialistas conversos, han hecho bueno el principio de cambiar para que todo quede igual.
Que el castellano debe ser lengua de la enseñanza en Cataluña es lo que dispone, por principio, la Constitución y lo que el Tribunal Superior de esta comunidad autónoma ha declarado en firme. Así que toda esta parafernalia leguleya no es más que una cortina de humo para engañar a los que siempre están predispuestos a dejarse engañar por los nacionalistas. Ninguna de tales iniciativas se ajusta al mandato judicial de asegurar el 25 por ciento de enseñanza en castellano, porque deja en manos de los centros educativos, dominados por directores nacionalistas, la concreción de ese porcentaje en los planes de estudio. Es decir, el nacionalismo catalán, con los socialistas de la mano, vuelve a su sentido sedicioso del ejercicio del gobierno y a demostrar que lo suyo es el estado permanente de confrontación con la Constitución y de desafío a los tribunales. El Gobierno de la Generalidad es una fuente inagotable de imputados y condenados, una seña de identidad que, unida a otros desastres del nacionalismo, explican el estado de opinión sobre Cataluña y su proyección internacional.
Lo insólito es que el partido que gobierna -es un decir- a nivel nacional sea cooperador necesario -lo de cómplice se queda corto- en esta nueva trampa pseudolegal que tiende la Generalidad al Poder Judicial, pero también a las familias catalanas que quieren que su derecho a la educación bilingüe sea respetado. De nuevo, la obsesión etnicista del nacionalismo se sobrepone a la modernidad representada por la democracia, por los derechos y libertades del ciudadano y por el cumplimiento de la ley. No hay nada más rancio que esta lucha constante de los nacionalistas por ahormar Cataluña a un concepto medievalista de la identidad personal, que ya no se mide por la titularidad de derechos democráticos, sino por la adhesión al ideal soberanista de buen catalán.
