Editorial
'Tarifazo' recaudatorio
El error del Gobierno con la subida de la factura de la luz para millones de hogares es hacernos creer en su ecologismo de salón y ocultar su intervencionismo y otro sablazo fiscal
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Ayer entró en vigor una subida de las tarifas eléctricas que el Gobierno está maquillando como bajada, pero en realidad es solo un eslabón más en la cadena de sablazos fiscales que Pedro Sánchez ha diseñado para los españoles. La medida se va a notar en el bolsillo de más de diez millones y medio de ciudadanos que pertenecen al mercado de tarifa regulada. No obstante, tarde o temprano también afectará a más de dieciséis millones de familias que contratan con eléctricas del mercado libre. Por supuesto, en este ‘tarifazo’ también impera la trampa del lenguaje propagandístico. Al Gobierno le basta con creer que todos los hogares tienen electrodomésticos programables, que en horarios llanos y valle las tarifas son más accesibles, y que a fin de cuentas la factura bajará siempre que millones de hogares se adapten a ese concepto ecológico con el que el Gobierno pretende convertirnos en progresistas ejemplares. Y así, hasta 2050 si hace falta.
Sin embargo, la realidad es distinta. Más allá de que pocas familias tengan la posibilidad de poner la lavadora a las cuatro de la madrugada, lo cierto es que Sánchez no dice toda la verdad. Su mensaje no se compadece con las costumbres y necesidades de las familias. En la reforma del recibo de la luz, es cierto, hay componentes racionales y tiene sentido establecer tarifas diferenciadas en función de tramos horarios. Lo que no lo tiene es el uso político de ese concepto diciendo a los españoles que para ser más modernos y eficientes deben planchar cuando ahora duermen. De hecho, el gasto se multiplicará en cualquier familia que siga cenando a las diez de la noche. También a la industria le va a afectar negativamente, y ni siquiera las medidas previstas por el Gobierno para abaratar la electricidad estarán preparadas antes de 2022. La lucha contra la ‘pobreza energética’, ese mantra de la izquierda, se convierte así en un fraude mientras el ministro de Consumo, Alberto Garzón, un comunista de pro enemigo de los abusos contra los hogares, guarda silencio.
En un mercado regulado, no son solo las empresas las que deciden este tipo de subidas. La responsabilidad es del Gobierno, que además tampoco evita que cualquier incremento siempre se repercuta sobre el consumidor. Además, a las multinacionales se les han negado voz y voto, lo que demuestra que en el fondo no subyace ningún debate público sobre un futuro verde, ni un modelo reformista hacia ninguna ‘transición ecológica’. Bajo ese metalenguaje, solo hay ingeniería ideológica para mantener sometida a la sociedad, y un desmesurado afán de control. Es muy propio de la izquierda fabricar la coartada para que una subida masiva del gasto familiar se convierta en un sacrificio generoso y responsable por el planeta. Muy sanchista todo, si no fuera porque solo hay afán recaudatorio.
En sectores estratégicos como éste, los países optan por tres tipos de mercados, regulado, hiperregulado, o intervenido. Pues bien, Sánchez ya no oculta que su modelo casi es el tercero. La prueba está en el perjuicio causado a la energía nuclear e hidráulica mediante el anteproyecto aprobado ayer, que es otro ejemplo de intervencionismo. Este cambio legislativo establece una minoración parcial en la retribución extra que reciben las centrales eléctricas sin emisiones de CO2, de modo que ahora el Gobierno aplicará un tijeretazo de mil millones anuales sobre sus llamados ‘windfalls profits’, los ‘beneficios caídos del cielo’. A estas alturas, salvo Sánchez, su vicepresidenta Teresa Ribera y la demagogia de ambos, nadie puede dudar de que será el consumidor quien termine pagando ese castigo.
