Editorial
Sin vacuna por ser policía español
La marginación casi xenófoba a la que la Generalitat somete a policías y guardias civiles con la vacunación en Cataluña es escandalosa. El odio a lo ‘español’ persiste y nadie lo persigue
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El Gobierno de Pedro Sánchez tiene mucho de cobarde. Mientras se le llena la boca con defensas teatrales de la vacunación nacional para criticar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calla sumisamente ante la marginación sectaria de policías y guardias civiles por parte de la Generalitat catalana. El Ejecutivo separatista de Cataluña es el único que apenas está vacunando a las miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La reacción de Moncloa no ha sido imponer un estado de alarma solo para Cataluña, como el que sí le endosó a Madrid en el puente de El Pilar de 2020, pese a que la exclusión de policías y guardias civiles es un incumplimiento flagrante de las obligaciones de la Generalitat con la estrategia nacional contra la pandemia. Tampoco ha habido un requerimiento público al presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, para que cese en su política inicua, propia de nacionalismos xenófobos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido asumir la vacunación de ambos cuerpos policiales y consentir un gesto especialmente despreciable de la Generalitat porque revela un absoluto rechazo por la solidaridad y el compromiso puramente humano. De los nacionalistas catalanes no se puede esperar que respeten las leyes, ni las sentencias, ni las instituciones nacionales porque el conflicto y la discordia es su estado natural. Pero al marginar a policías y guardias civiles de un plan de vacunación contra la pandemia del Covid-19, el independentismo ha retratado claramente su carencia de escrúpulos. Y el PSOE, callado.
Así es como suena a broma de mal gusto que el presidente del Gobierno defienda que existe una ‘estrategia nacional’ de vacunación, cuando no es capaz de asegurar a las propias fuerzas de seguridad del Estado que sean vacunadas por una administración de ese mismo Estado, como la catalana. Este episodio es especialmente hiriente en el contexto de una gestión errática de la vacunación, con discursos propagandísticos llenos de grandes anuncios, pero seguidos de una inmediata frustración. Es cierto que Sánchez no tiene la culpa de que las agencias internacionales hayan introducido dudas sobre ciertas vacunas y estén retrasando la llegada de nuevas dosis. Tampoco tiene la culpa de que la Unión Europea esté dejando un rastro de sombras e incertidumbres en su plan de compra y distribución de las vacunas. Pero precisamente porque Sánchez no puede responder de errores ajenos, el presidente del Gobierno habría hecho bien en callarse todas las veces que ha proclamado la victoria frente al virus, cuando estaban por llegar la segunda, la tercera y la cuarta olas; o cuando ha invitado a los ciudadanos a salir a las calles, para luego confinarlos; o cuando ha comprometido la vacunación del 70 por ciento de la población para antes del verano -y ahora, para finales-, y a día de hoy resulta incontestable el dato de que solo está plenamente inmunizado el 7,63 por ciento de la población. Un dato frustrante e incompatible con la demagogia que exhibe el Gobierno.
No tiene sentido que un gobernante con un registro de cien mil muertos por el virus juegue así con las esperanzas de millones de ciudadanos muy fatigados por el confinamiento duro de 2020, y hastiados por las limitaciones que siguen vigentes. A todo esto, Moncloa añade su empeño en dar por finalizado el estado de alarma el 9 de mayo, lavándose las manos de antemano ante un escenario que obligará a las autonomías a ponerse en manos de los jueces cada vez que apliquen una restricción de libertades. Sánchez es la negación del sentido de la responsabilidad de un gobernante en tiempos de crisis.
