Editorial
Sigue el caos jurídico por las medidas anti-covid
No hay semana en la que algún tribunal superior autonómico no suspenda las medidas acordadas por un gobierno regional para combatir la pandemia una vez que decayó el estado de alarma. Ayer fue el de Galicia el que tumbó el certificado Covid que la Xunta comenzaba a exigir para acceder a la hostelería y los locales de ocio nocturno. En este caso se trata de una cuestión más bien formal, pero en otros se ha entrado en el fondo del asunto (la restricción de derechos fundamentales), con resultado variado: en una regiones sí se ajusta a la ley y en otras no. El desconcierto es enorme y todo este desbarajuste legal nos conduce de nuevo a la indolencia del Gobierno, que se lavó las manos desde el principio y no quiso legislar (el PP lleva casi un año ofreciéndole una ley de pandemias) con el fin de dotar a las CC.AA. de la seguridad jurídica necesaria para emitir las normas más eficaces en cada momento y lugar. Era de esperar teniendo en cuenta que ya el decreto de alarma del Gobierno fue inconstitucional.
