Editorial
La paciencia se agota
El discurso oficial del Gobierno se llena de tópicos sobre la protección a los trabajadores, cuando en realidad no actúa como sí hacen otros países, ni frena el empobrecimiento colectivo
Los sindicatos y Unidas Podemos callan ahora lo que le gritaban a Mariano Rajoy, mientras el coste de la energía ahoga a autónomos, pequeñas empresas y familias. El Gobierno engorda la recaudación de impuestos a costa del empobrecimiento del país y gracias a una inflación disparada. El presidente Sánchez juega al despiste con la bajada de impuestos, que otros países como Italia, Francia, Portugal o Alemania ya están aplicando desde hace semanas, por ejemplo en los combustibles. España es el único país de peso que no lo ha hecho mientras el Ejecutivo se lanza a tachar de ‘ultraderecha’ a los organizadores de la huelga de transportes. Estos son los criterios con los que la izquierda y el Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas están afrontando la crítica situación actual, a la que la huelga de camioneros está poniendo la forma de conflicto que tanto legitimaban el PSOE, Podemos y sus sindicatos cuando quien gobernaba era el Partido Popular. Son los mismos que reformaron el Código Penal para dejar impune la violencia de los piquetes sindicales de izquierda, y claman ahora contra los camioneros de ‘ultraderecha’, porque, de nuevo, la izquierda demuestra estar convencida de que su violencia es la única que está legitimada.
Puesto de nuevo a prueba, el Gobierno de Sánchez se retrata con indolencia e incapacidad para dirigir el país en tiempos adversos. Corre a refugiarse en coartadas de segunda mano y elude tomar decisiones responsables. Los costes de la energía son insoportables para la actividad productiva de muchos sectores industriales y la bajada de los impuestos que la gravan es urgente, porque no hay otra medida que alivie de forma inmediata esa presión asfixiante. No hay que ser alarmista, es cierto, y los ciudadanos no deberían caer en la psicosis del desabastecimiento. Ni en lo peor de la pandemia por el Covid-19 el comercio dejó de suministrar lo necesario a los ciudadanos. Sin embargo, en esta ocasión hay riesgos concretos sobre la producción y distribución de determinados bienes de consumo esencial, empezando por la leche o el pescado. Es el Gobierno el que tiene que liderar una gestión política y eficaz del conflicto de los transportistas, ahorrándose insultos a trabajadores que creen que no son de su ideología, esa doble moral tan propia de la izquierda, que reserva la legitimidad democrática para quien ella decide.
Son tiempos que exigen madurez política y España siente otra vez la carencia de un Gobierno a la altura de las circunstancias. Pero el discurso oficial del Ejecutivo se llena de tópicos sobre la protección social de los trabajadores y las familias, cuando en realidad no toma decisiones que realmente actúen de freno al empobrecimiento de los españoles en aspectos concretos y básicos de su calidad de vida. El de los transportistas es el primer conflicto laboral serio al que se enfrenta este Gobierno, muy acostumbrado al silencio de las calles. Pero parece que el vaso de la paciencia se ha llenado, así que conviene que La Moncloa abandone sus tics autoritarios, esos con los que manda callar a unos y someterse a otros, porque bastante está soportando la sociedad española, y hay muchos sectores que empiezan a sentirse desesperados por la falta de respuestas y de expectativas. El Covid-19 y Putin tienen buena parte de la culpa de lo que sucede, pero no toda. El resto de las causas son anteriores y señalan al mismo Gobierno charlatán y pasivo que cae por la peligrosa pendiente del desdén y el desprecio a los trabajadores, tanto a los que están en huelga, como a los que la sufren. Porque de esta crisis de liderazgo somos víctimas todos.
