Editorial
Otro revés en el horizonte
El TC tiene ya en sus manos una ponencia que ‘tumba’ el segundo estado de alarma. Despojar al Congreso de su función para controlar al Ejecutivo e inventar la ‘cogobernanza’ fue ilegal
El segundo estado de alarma acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez será declarado inconstitucional si prospera el borrador de sentencia que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen en sus manos para resolver el recurso presentado por Vox. Los motivos de la posible declaración de inconstitucionalidad desmontan absolutamente la arquitectura jurídica de la situación excepcional a la que fue sometido el país. Si el actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue su arquitecto, debe ir preparándose para recibir un veredicto político implacable. El parecer mayoritario de los magistrados es que el decreto del segundo estado de alarma apunta a ser inconstitucional por la ‘cogobernanza’ que Pedro Sánchez se inventó con las comunidades autónomas. Hay que recordar el despropósito provocado por un diseño legal en el que el Gobierno delegaba en las autonomías la respuesta a una crisis sanitaria que era nacional, no local. De esa manera, Sánchez se sacudía de encima la responsabilidad del día a día, y sobre todo las malas noticias, mientras él se dedicaba a la propaganda de la vacunación. Eso sí, cuando los gobiernos autonómicos pedían concreción jurídica en las medidas que podían adoptar, Sánchez y sus ministros se ponían de perfil y se remitían al decreto del estado de alarma.
Además, la ponencia del TC ve inconstitucional el cerrojazo impuesto por el Gobierno al Congreso de los Diputados, despojado de sus funciones de control y fiscalización sobre el estado de alarma. Este segundo decreto de alarma fijó de antemano un plazo de seis meses, privando al Parlamento del control sobre las sucesivas prórrogas, como sucedió con el primer decreto. Sencillamente, Sánchez no quería trabajar de presidente del Gobierno y eludió sonrojarse ante la opinión pública cada vez que la oposición le pidiera cuentas por su gestión y él tuviera que pelear por cada voto para poder prorrogar la excepcionalidad.
Vendrán sin duda los eslóganes de que «el estado de alarma salvó vidas», probablemente uno de los argumentos más infames utilizados en la vida pública española, porque al mismo tiempo nadie en el Gobierno se ha responsabilizado de que España presente uno de los índices más altos de mortalidad por el virus a pesar de haber sufrido las mayores restricciones de derechos y libertades en toda Europa. No sabemos cuántas vidas salvaron los decretos de alarma -salvo las cifras que reconoce el Gobierno-, pero sí sabemos que las cifras oficiales de muertos se quedan cortas, porque Sánchez nunca ha querido aplicar los criterios de la Organización Mundial de la Salud para cuantificar las víctimas de la pandemia. El balance de la gestión política, sanitaria y jurídica de la pandemia no puede resultar más negativo para el Gobierno. El sistema constitucional de derechos fundamentales y libertades públicas ha sido maltratado por la coalición de socialistas y podemitas bajo la coartada de la enfermedad. Nadie -o casi nadie- discute que eran necesarias medidas extraordinarias para contrarrestar la fuerza brutal de la pandemia en la primavera de 2020. Bastaba con haber utilizado el estado de excepción y no el de alarma. En el segundo estado de alarma, la inconstitucionalidad apunta a ser grosera y notoria.
Queda así retratado un Gobierno cuyo tránsito por la pandemia está dejando un reguero de ilegalidades, abusos de poder, prácticas antidemocráticas y pulsiones autoritarias. La aversión hacia las instituciones creadas para el control democrático del Ejecutivo -el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Parlamento- no ha sido episódica, sino una constante de este modo de gobernar. Pero el que siembra vientos, recoge tempestades.
