Editorial
Otro impuesto revolucionario
La nueva doctrina de la impunidad en España consiste en que unos delinquen con su golpismo, todos pagamos su deuda con dinero público, y el Gobierno de Sánchez «no entra a juzgar»
La Generalitat tuvo este martes la desfachatez de anunciar que va a avalar con dinero público los 5,4 millones de euros que una cuarentena de antiguos altos cargos catalanes deben presentar ante el Tribunal de Cuentas como fianza por el dinero malversado durante el proceso separatista. La decisión es inédita porque no solo pretende impedir que esos cargos respondan con su propio patrimonio personal al perjuicio causado a las arcas públicas con su conducta golpista, sino porque el Gobierno catalán ejecuta de facto una doble malversación. No tiene sentido alguno que se pretenda pagar con dinero público una desviación de dinero público. Sería la duplicación de una estafa moral a los contribuyentes, y más aún en Cataluña, que es precisamente la autonomía más rescatada con el bolsillo de todos los españoles, y que más pervierte a diario el sentido último de los fondos públicos, dilapidados en gastos identitarios innecesarios o delictivos. Cabe preguntarse qué ocurriría en España si el partido del gobierno fuera por ejemplo el PP, y si los ejecutivos regionales de Galicia, Andalucía o Madrid cubriesen con un ‘fondo complementario de riesgos’ las responsabilidades pecuniarias que exigiera el Tribunal de Cuentas a dirigentes de ese partido condenados por el caso Gürtel. Sería una añagaza y un fraude de ley, y es sencillamente impensable porque la izquierda incendiaría la calle sin contemplaciones.
Alega la Generalitat que se trata solo de un aval provisional a la espera de una resolución definitiva del Tribunal, y que en realidad «no es dinero». Eso dijo con total desparpajo Jaume Giró, consejero de Economía de la Generalitat, aduciendo que «en realidad el dinero no se va a mover». El argumento es delirante en sí mismo. Es la impunidad elevada a la enésima potencia, y eso ocurre mientras Oriol Junqueras y los demás presos indultados se pasean por Europa diciendo que han sido víctimas de una represión, y que en España no hay democracia porque no se les permite la autodeterminación. Algo serio fallará institucionalmente si el Tribunal de Cuentas acepta esta trampa como aval para cubrir una responsabilidad contable que no se perdona a nadie salvo a estos privilegiados líderes golpistas. Y algo más seguirá fallando en nuestro Estado de derecho si la Fiscalía no se querella de inmediato contra el presidente de la Generalitat por malversación y prevaricación. Esta es la segunda parte del intento secesionista: conmutadas sus condenas, les toca reírse de todos los catalanes cobrándoles un impuesto revolucionario que financie su impunidad para que, además, puedan seguir delinquiendo en el futuro sin asumir ninguna responsabilidad. Ni penal ni económica. Es la nueva doctrina jurídica imperante en España: unos delinquen, todos pagamos, y el Gobierno de Pedro Sánchez «no entra a juzgar». Eso sí, cuando se trata de ‘juzgar’ a la oposición, Sánchez y sus ministros siempre opinan. Ahí no desaprovechan ni una gota de su cinismo.
