Más apología del golpismo
Cuando el nuevo presidente catalán avisa de que «la voluntad popular no puede estar limitada por las leyes» solo está advirtiendo de que se reeditarán la sedición y los ataques a la legalidad
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Cataluña tiene desde ayer un presidente de la Generalitat de ERC cuya carta de presentación nada tiene que ver con la recuperación económica de una autonomía asolada por los errores del independentismo, ni con la necesidad de cumplir la ley para alcanzar la normalidad institucional perdida. Con Pere Aragonès y los partidos Junts y CUP como fiscalizadores, la fractura social está tan garantizada como el inicio de un nuevo proceso de persecución al constitucionalismo porque el fin sigue siendo la imposición de una pretendida república catalana. Lo de menos es si Aragonès dejó de aclarar ayer plazos y fórmulas, o si será unilateral. Lo grave es que lanzó una amenaza real: «La voluntad popular -dijo textualmente- no puede estar limitada por las leyes. Nuestro límite es la voluntad popular».
Este planteamiento, hecho para volver a manipular la realidad política, se asemeja en mucho, si no en todo, a las coartadas de las dictaduras cuando secuestran esa ‘voluntad popular’ para decretar regímenes autoritarios supuestamente basados en los deseos del pueblo. Pero Cataluña es España, y la voluntad popular está representada legítimamente en un Parlamento de la nación que no es precisamente favorable a la separación de Cataluña por amplia mayoría. Las leyes, la primera de ellas la Constitución, emanan de la voluntad popular, y en la medida en que son la consecuencia del ejercicio de su soberanía, son un reflejo de ella. Las leyes son en sí mismas la ‘voluntad popular’, y por eso es una burda manipulación fingir que el independentismo está legitimado para superponer sus deseos sobre la legalidad. La afirmación de Aragonès es el preludio de otra embestida contra el Estado de Derecho y un desvarío político que no parece tener fin.
Siguiendo el razonamiento de Aragonès, si es que eso fuese intelectual y jurídicamente posible, que no lo es, bastaría con que una mayoría de catalanes decidiese avalar el robo, el fraude a Hacienda, la malversación de dinero, o incluso la rebelión o el asesinato, como prácticas ejemplares y legítimas. Y como ese sería el deseo mayoritario de los catalanes, la comisión de esos delitos quedaría impune porque a todos los efectos el Código Penal sería una ley desactivada por la ‘voluntad popular’. Aragonès desbarró ayer. Vistió de falsa legitimidad una extorsión al Estado y anunció, apadrinado por Oriol Junqueras, un condenado por sedición expresamente excarcelado para acudir a la investidura, que la Generalitat se dispone a iniciar un nuevo ‘procés’. Mientras tanto, Pedro Sánchez presumía en Madrid de haber impulsado un pasaporte sanitario contra la pandemia cuya idea es solo un plagio -otro plagio- de la propuesta que hizo el PP hace meses. Ni una sola palabra de Sánchez fue para expresar preocupación por las amenazas de los nuevos rostros del golpismo catalán. Solo felicitó a Aragonès y exhibió euforia por el ritmo de vacunación, lo cual permite concluir que no le escandaliza escuchar que la sedición está por encima de las leyes. Es lo que tiene pensar solo en 2050.
Junqueras dijo que el referéndum será inevitable y que la república está en marcha; Marta Vilalta invocó con orgullo guerracivilista el espíritu de la Generalitat de los años treinta; y Aragonès exigió un referéndum de independencia pactado. Como mínimo, Sánchez debió decir que jamás podrá autorizar una consulta cuyo fin último es la vulneración de la Constitución. Pero no lo hizo. Ni quieren ser indultados, ni lo merecen ni se arrepienten mientras el Gobierno calla ante una apología impune y consentida del golpismo. Conviene que nadie lo olvide.
