Editorial
Más que el 25 por ciento
Ningún Estado serio y con autoestima puede seguir consintiendo que su idioma oficial sea tratado como un motivo de marginación de ciudadanos y de enfrentamiento institucional
La Generalitat tiene hasta el 20 de marzo para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ordena garantizar un 25 por ciento de enseñanza en castellano. La sentencia es firme después de que el Tribunal Supremso inadmitiera el recurso del Ejecutivo catalán, de forma que la Justicia ha dicho su última palabra sobre esta cuestión y no cabe más opción que acatarla. La contumacia del nacionalismo catalán en el incumplimiento de sentencias similares y la impunidad de la que disfruta ha distorsionado el significado constitucional del cumplimiento de las decisiones judiciales. Si es grave que un ciudadano desacate una sentencia firme, más lo es que el incumplimiento lo perpetre una institución del propio Estado. Se ha asentado la idea de que ser nacionalista y escudarse en los delirios identitarios son excusas legítimas para romper el principio de igualdad ante la ley y recibir una especie de impunidad a la carta. Y a esto hay que poner fin si no se quiere crear la imagen de que la legalidad constitucional se queda a orillas del Ebro. España no puede ni debe ser un Estado fallido en Cataluña.
Por eso, el cumplimiento de la sentencia sobre el 25 por ciento de enseñanza en castellano es un imperativo constitucional que, además, está reforzado porque ampara los legítimos derechos de ciudadanos que reclaman para sus hijos poder aprender también en el idioma oficial de todos los españoles. El nacionalismo se manifiesta con todo su espíritu reaccionario y retrógrado al defender derechos colectivos y territoriales frente al ciudadano, único titular de derechos y libertades en un Estado constitucional. Es necesario reparar en el nivel de degradación democrática que se ha alcanzado en Cataluña para que una decisión judicial de efecto tan modesto sea recibida por el gobierno nacionalista como una agresión que justifica el desacato. En cada protesta del presidente catalán, Pere Aragonès, por las decisiones judiciales que le desagradan se alumbra el deseo de retrotraer a Cataluña al localismo medieval, ese por el que han suspirado y suspiran las ideologías ultras de todo tiempo.
Cuando llegue el 20 de marzo el Estado debe asegurar el cumplimiento de esta sentencia por el interés de los catalanes a los que ampara y por la integridad del orden constitucional. No será fácil, porque los mismos que socavan la independencia judicial atacando las decisiones de los jueces y descalificando su imparcialidad son socios preferentes del Gobierno de la Nación, el primer obligado en cumplir y hacer cumplir la Constitución. Este es el problema de España, en este momento: la deslealtad del Gobierno central con los intereses superiores de España. Mientras exaspera su obsesión contra la Comunidad de Madrid por su régimen fiscal, el PSOE hace la vista gorda y alimenta las peores pulsiones del separatismo catalán, dejando que su discurso antidemocrático no haga ninguna mella en su alianza por la conservación de sus respectivas cuotas de poder.
Ningún Estado serio y con autoestima puede seguir consintiendo que su idioma oficial sea tratado como un motivo de marginación de ciudadanos y de enfrentamiento institucional. El castellano, como idioma común, vertebra la unidad y la igualdad, que son los valores constitucionales más intolerables para los nacionalistas. El 25 por ciento solo es un porcentaje, incluso insuficiente para garantizar una adecuada enseñanza en castellano. El problema que representa ese porcentaje vuelve a ser la actitud taimada y sediciosa de un nacionalismo incapaz de vivir con normalidad la pluralidad de la sociedad catalana y de cumplir los estándares mínimos de un régimen democrático.
