Editorial
Marlaska, solo queda dimitir
El ministro del Interior tiene toda la responsabilidad política de lo sucedido con Pérez de los Cobos. El ministerio no puede convertirse en un motivo de descrédito para la democracia y el Estado de Derecho en España
La sentencia que anula el cese del coronel Pérez de los Cobos será recurrida en apelación por el Ministerio del Interior y esta será la excusa de su titular, Fernando Grande-Marlaska, para no darse por enterado de que debe dimitir. La resolución de la Audiencia Nacional es una sentencia bien razonada, difícilmente revocable, que descarta algunas de las alegaciones de la defensa de Pérez de los Cobos y centra el problema en lo evidente desde el primer momento: que el motivo del cese era ilegal y que el Ministerio del Interior incurrió en una desviación de poder. Esta figura jurídica es la antesala del delito de prevaricación, porque reprocha al órgano administrativo que use sus poderes para fines que no son los previstos por la ley. Para el juez, no hay duda de que a Pérez de los Cobos lo cesaron porque se negó a revelar a la directora general de la Guardia Civil -otra dimisión obligada- datos sobre la investigación judicial abierta en un juzgado de instrucción por la manifestación del 8-M en Madrid, el pasado año. A pesar de que Pérez de los Cobos insistió en que esta estaba bajo exigencia judicial de confidencialidad, la directora de la Benemérita, María Gámez, propuso el cese del alto mando «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».
Este motivo ha sentenciado a Grande-Marlaska y a su equipo porque no estamos ante una mera decisión de trámite, sino ante la represalia a quien fuera mando de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña durante el 1-O de 2017, quien se negó a cometer un delito de revelación de secretos al que estaba siendo forzado por la directora general de la Guardia Civil. Es difícil de creer que en un ministerio como el de Interior, con dos jueces en su cúspide -el ministro y el secretario de Estado de Seguridad- y, supuestamente, un amplio equipo de asesores, se consintiera la perpetración de semejante ilegalidad, que, además, se dejó por escrito con absoluta desvergüenza. El juez no ha tenido más que recordar el motivo de su cese para llegar a una conclusión que debería ser atronadora para Grande-Marlaska: «La legalidad no puede quedar arrinconada por la discrecionalidad».
El Ministerio del Interior no puede convertirse en un motivo de descrédito para la democracia y el Estado de Derecho en España. Grande-Marlaska, antaño juez aclamado por la opinión pública, reconocido por su independencia y perseguido por los mismos a los que ahora secunda desde su silla en el Consejo de Ministros, se está asociando a mensajes muy hirientes para la confianza ciudadana. Está amparando prácticas policiales más que discutibles, como tirar abajo puertas de domicilios sin delito que lo justifique, improvisando presuntos ‘argumentos’ casi cómicos por su simpleza (los pisos turísticos no son ‘morada’) y generando escenas nada coherentes con los estándares garantistas de nuestra democracia. Y ahora recibe este revés judicial, que desnuda la arbitrariedad que aplicó su ministerio al fulminar a Pérez de los Cobos.
Grande-Marlaska tiene toda la responsabilidad política de lo sucedido. Cuando se constituyó el nuevo Gobierno y fue confirmado en el puesto, cesó a la anterior secretaria de Estado y nombró para el cargo a quien fuera su jefe de gabinete. Luego cesó al director general de la Guardia Civil sin contar con la ministra de Defensa y de la misma manera nombró a María Gámez. Los tres quedan, en mayor o menor medida, retratados en una sentencia que debería avergonzarlos.
