Editorial
Maestros de la opacidad
Pedro Sánchez nunca ha querido que se conociese públicamente cómo fue su gestión jurídica de la pandemia, y ahora le vienen los reveses, uno detrás de otro, hasta del Supremo
El Gobierno ha vuelto a incurrir en un nuevo episodio de ocultación de información muy relevante sobre la aplicación de los distintos estados de alarma en nuestro país, declarados por cierto ilegales por el TC. Después de que la propia Abogacía del Estado, controlada por La Moncloa, haya admitido ante el Tribunal Supremo que hay más informes de los nueve que remitió al grupo parlamentario de Vox, previa reclamación de su portavoz, Macarena Olona, en agosto de 2020, ahora es el propio Supremo quien se niega a archivar la causa impulsada por este partido, ya que el Gobierno le impedía ejercer su labor de control parlamentario. Pedro Sánchez nunca ha querido que se conociese públicamente cómo fue su gestión jurídica de la pandemia, y ahora le vienen los reveses, uno detrás de otro. Nunca actuó con la más mínima transparencia exigible en democracia, hurtó a la oposición su labor de supervisión del Ejecutivo, cerró el Parlamento, y aprovechó su situación de ‘servicios mínimos’ para hacer justo lo contrario que otros países, cuyos gobiernos sí informaban al Parlamento.
Es lógico que el Tribunal Supremo no archive este procedimiento porque es mucho lo que falta por conocerse. Alega la Abogacía del Estado que le entregó a Vox nueve dictámenes, justo los que rubricaba como Centro Superior Directivo del Servicio Jurídico del Estado. Pero hubo más informes que nadie conoce; por ejemplo, cinco cuya existencia consta: dos sobre los decretos del 14 y el 17 de marzo de 2020 alusivos al estado de alarma, otro sobre la procedencia de la primera prórroga, uno sobre el ‘plan de desescalada’, y otro más sobre la prórroga de seis meses decretada en octubre de ese año. Cuando quiere, Sánchez es deliberadamente selectivo para no quedar en evidencia. No es difícil sospechar que los informes ocultados a Vox, y por tanto al Parlamento, no son favorables a las tesis propagandísticas que impuso Sánchez desde la mesa del Consejo de Ministros. Si hubo observaciones jurídicas críticas no se sabe. Si hubo reseña de contradicciones, tampoco. Ni si la Abogacía alertó de algún abuso de ley o de la utilización ilegítima de la alarma, como ha hecho el TC.
Buena muestra de que Sánchez actuó a sabiendas de que el objetivo era controlar sin fugas todo tipo de información que pudiera retratarlo como un presidente que contraviene informes jurídicos esenciales es lo que acaba de ocurrir con las revelaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dentro del Consejo de Ministros había un discurso, y fuera, otro muy distinto. Si el Gobierno no quería incurrir en un alarmismo que consideraba innecesario, no necesitaba diseñar un engaño masivo a los ciudadanos. Ahora, con el daño hecho, cobra todo el sentido que, como adujo ayer el PP, actúe la Fiscalía, al menos para investigar. Y que, como mínimo, Sánchez tuviera la gallardía de someterse a una comisión de investigación parlamentaria, porque no es posible priorizar el tacticismo oportunista sobre la muerte de más de 100.000 personas. El Supremo tiene la obligación de acceder a los dictámenes ocultos, y todos los españoles, el derecho a conocerlos. Que a nadie le quepa duda de que si fueran favorables para Sánchez, ya estarían en notas de prensa de La Moncloa masivamente difundidas. El Gobierno ya se ha amparado demasiadas veces en las cuestiones de Estado y los secretos oficiales para sacudirse de encima problemas como el uso del Falcon, el caso Gali, los informes del Consejo de Estado contra sus leyes… Esto no va de filibusterismo gubernamental. Va de democracia, de transparencia y de verdad.
