Editorial
Legitimidad para protestar
La manifestación de mañana en Madrid contra los indultos es la reivindicación de la libertad de protesta contra el tensionamiento extremo al que Sánchez somete a nuestra democracia
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A muchos efectos, la manifestación convocada mañana en Madrid para rechazar el indulto a los líderes independentistas catalanes no es ningún error estratégico de los partidos que asistirán. Si asumen algún tipo de riesgo táctico ante el electorado, es solo por la criminalización que de este tipo de convocatorias suele hacer la izquierda, que cree tener un derecho universal y exclusivo sobre la calle para manejarla a capricho y convulsionarla cuando le interesa. Tan legítimo es que la izquierda se manifieste -a menudo sin más criterio que el de generar agitación y solo cuando gobierna la derecha-, como que partidos de la derecha se sumen a iniciativas cívicas cuando les venga en gana o, como en este caso, cuando hay razones de Estado relevantes para que el Gobierno no cometa una injusticia. Conviene desmitificar además otra mentira de las muchas que utiliza el Gobierno, porque precisamente en este caso la convocatoria proviene de un colectivo plural ideológicamente, y sus dos principales organizadores, Fernando Savater y Rosa Díez, no son sospechosos ultraderechistas.
Uno de los problemas del Gobierno, del PSOE, de Podemos y de los partidos separatistas es su sectarismo y su afán excluyente. Si alguien progresista se opone a unos indultos demoledores socialmente, y muy discutibles jurídicamente, de inmediato deja de ser progresista. Pedro Sánchez no hace autocrítica ni aunque destacados socialistas se opongan a los indultos. Al revés, se erige en repartidor de credenciales de legitimidad democrática con una palabrería hueca y llamamientos a la concordia y a la magnanimidad, como si cada mañana revisase un diccionario de sinónimos para seguir convenciendo a los españoles de que privilegiar a unos delincuentes que amenazan con reincidir es un fin superior al de la propia legalidad. Solo la izquierda decide quién es demócrata, quién es progresista o no, quién merece manifestarse, y quién debe ser señalado por hacerlo.
La manifestación de Colón, en un régimen de libertad, merece como mínimo el respeto del Gobierno. Más aún, Sánchez debería tomar nota de la amplia pulsión de rechazo a sus decisiones, independientemente del éxito de asistencia que pueda tener mañana la convocatoria. Las elecciones de Madrid demuestran que hubo al menos 100.000 votantes del PSOE que optaron por apoyar a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Y no interpretar este dato como un rechazo creciente de la propia izquierda hacia Sánchez, y hacia su obsesión por aferrarse a la legislatura aceptando cualquier chantaje, tiene poco sentido.
Pero más allá de merecer el respeto del Gobierno, la concentración de Colón tampoco puede medirse exclusivamente en virtud de criterios tacticistas de cada partido, ni dirimiendo qué lectura mediática se hará, o cómo podrá perjudicar a Casado, Abascal o Arrimadas. La manifestación queda amparada por una cuestión de fondo: la reivindicación de la libertad de protesta frente al tensionamiento extremo al que Sánchez está sometiendo a la ley y a las instituciones. Colón representa un derecho cívico a manifestarse, a reaccionar y a expresar un malestar sin complejos ideológicos. Incluso, con orgullo de pertenencia, porque rechazar estos indultos demuestra un compromiso firme con la dignidad de la democracia. Los llamamientos de la izquierda al voto del miedo contra un pretendido fascismo ya han caducado. No le funciona el mensaje porque es el electorado de la izquierda el que empieza a desmovilizarse contra el PSOE. Mejor haría Sánchez en preocuparse por esta manifestación que la derecha por medir sus temores frente al desmantelamiento del Estado de derecho que el Gobierno ha diseñado con los indultos.
