Editorial
Legislar desde el dogma
La coalición de socialistas y comunistas ha saltado contra el CGPJ porque desvela el desprecio por las reglas constitucionales que anima su proyecto intervencionista
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El Consejo General del Poder Judicial previsiblemente aprobará este jueves su dictamen sobre el anteproyecto de ley ‘por el derecho a la vivienda’. Este texto es especialmente defendido por el sector comunista del Gobierno, aunque lo presenta formalmente un ministerio asignado al PSOE -el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-, lo que constituye una nueva muestra de la dislocación interna del Ejecutivo. El CGPJ rechazó por una amplia mayoría el informe favorable que uno de sus vocales y exdiputado socialista, Álvaro Cuesta, había presentado al pleno. Ahora, el borrador que se votará pasado mañana es una enmienda a la totalidad del anteproyecto. La reacción de Unidas Podemos ha sido, nuevamente, desquiciada. La ministra Ione Belarra ha acusado al CGPJ de dirigir una «reacción antidemocrática» y de extralimitarse en sus funciones. Bruselas debería tomar nota de esta renovada exhibición de intolerancia del Gobierno hacia el Poder Judicial, porque no es ajena a su voluntad de someterlo con la mutilación de sus competencias y con su renovación partidista. Las declaraciones de Belarra son la erupción por un informe jurídico irrebatible, frente al cual el Gobierno tiene dos opciones: o mantener el forofismo populista de sus ministros comunistas o comportarse como un Ejecutivo receptivo a las exigencias constitucionales para el ejercicio de sus competencias. El argumento principal del informe del CGPJ es que el anteproyecto incurre en un «claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales», es decir, en una invasión de competencias autonómicas, lo que se sabía desde el mismo momento en que el Gobierno anunció su voluntad de impulsar esta ley. Es llamativo que una izquierda tan sensible con los hechos diferenciales, tan defensora del derecho a la autodeterminación, tan federalista, reaccione con un griterío jacobino y centralista. Los ministros comunistas de Unidas Podemos deberían leer el informe y luego optar por un discurso civilizado. El documento solo recuerda en qué consiste la organización autonómica del Estado y las competencias de las comunidades autónomas sobre vivienda.
El informe también reprocha al anteproyecto que pretenda convertir el derecho a una vivienda digna en derecho fundamental exigible ante los tribunales, cuando la Constitución lo incluye en el apartado de los principios rectores de carácter económico y social. El matiz es importante, porque denuncia un intento de cambiar la Constitución por la vía impertinente de una ley ordinaria. Tampoco se queda atrás el informe cuando subraya la intromisión del anteproyecto en las relaciones privadas y en el derecho a la propiedad, con normas que lo ponen en riesgo injustificado. Como recuerda el informe, el CGPJ ejerce su función consultiva sin depender «ni del interés ni de la voluntad» del Gobierno que pida su informe. Se ha llegado al punto crítico en la relación entre poderes del Estado en el que uno de estos, el judicial, tiene que recordar al ejecutivo su independencia competencial. Por eso, la reacción de Unidas Podemos y el silencio del Gobierno trascienden el significado del anteproyecto, cuya calidad técnica es mínima. La coalición de socialistas y comunistas ha saltado contra el CGPJ porque desvela el desprecio por las reglas constitucionales que anima su proyecto intervencionista. Es evidente que la Constitución y los órganos encargados de velar por ella son obstáculos en el ideario de Unidas Podemos. Si no tuviera ministros en el Gobierno, sería una formación más de las que rondan la marginación política, pero los tiene porque el PSOE quiere mantener el poder a costa de lo que sea. Incluso a costa de la propia Constitución.
