Editorial
Juzgado contra la propaganda
Un tribunal se ha atrevido a insertar un relato disonante en la autocomplacencia del Gobierno con su gestión de la pandemia, y ha sentenciado que desprotegió a los sanitarios
La sentencia de un juzgado de lo social de Alicante ha abierto un debate que trasciende lo puramente jurídico y pone al Gobierno central y a los Ejecutivos autonómicos ante el espejo de sus responsabilidades durante los meses más duros de la pandemia en 2020. El juzgado alicantino no solo ha responsabilizado a la Generalitat de la Comunidad Valenciana por los riesgos laborales sufridos por los médicos y sanitarios de Alicante a causa de la carencia de medios de protección, sino también ha condenado a la administración autonómica a indemnizar con importes concretos -hasta 50.000 euros- a más de 150 profesionales afectados por el Covid-19.
Es una sentencia que va a ser recurrida por el Gobierno valenciano, y puede que el Tribunal Superior de Justicia admita que la administración autonómica se vio superada por una situación imprevisible de carencia de guantes, mascarillas y equipos de protección. O quizá mantenga la tesis del juzgado de que la responsabilidad de la Generalitat era inherente a su deber de cuidado de los trabajadores de la sanidad pública. Y en ese deber de cuidado se incluía la suficiencia de los medios materiales para que se evitara el contagio. Llama la atención que la defensa jurídica de la Generalitat valenciana empezara por endosar al Ministerio de Sanidad cualquier responsabilidad por los daños a la salud de los sanitarios con el argumento de que el estado de alarma puso todo el control de la situación en manos del Gobierno. Sin embargo, el juez recuerda a la Generalitat que, a pesar del estado de alarma, las comunidades conservaban sus competencias en materia de riesgos laborales sobre su personal.
Conviene no olvidar que el mensaje oficial del Gobierno es que «nadie pudo prever la pandemia», lo cual no es cierto. El 31 de este mes se cumplirán dos años desde que la Organización Mundial de la Salud emitió una emergencia sanitaria internacional, el más grave aviso que prevé su normativa. El Gobierno no se dio por aludido. Para entonces, China confinaba a millones de ciudadanos y, poco después, se cancelaba en Barcelona el Mobile World Congress, al mismo tiempo que Italia empezaba a estremecerse por la expansión del virus, cerraba las regiones del norte y cancelaba el carnaval de Venecia. Y aún era febrero de 2020.
Por esto mismo es importante el debate provocado por la sentencia del juzgado de Alicante, porque es un contrapunto a la narración oficialista de La Moncloa. La excepcionalidad de la pandemia no anuló el principio de responsabilidad legal y política de las administraciones públicas. Con el falaz argumento de que «salvó vidas», el Gobierno de Pedro Sánchez pretendió instaurar una especie de exención de responsabilidad en todos los ámbitos de su competencia, impropia de un Estado de derecho y de una democracia.
No parece, sin embargo, que la sentencia del juzgado de Alicante vaya a abrir una compuerta a reclamaciones masivas de sanitarios por los daños morales que sufrieron entre marzo y junio de 2020. Por un lado, hay plazos de prescripción de las acciones judiciales que estarían ya cumplidos. Por otro, hay sentencias dispares sobre la misma cuestión en distintas comunidades autónomas. Además, siempre habrá que probar en cada caso la relación de causalidad entre el incumplimiento de la administración autonómica y el daño causado al trabajador. Aun así, lo importante es que un tribunal se ha atrevido a insertar un relato disonante en la autocomplacencia del Gobierno con su gestión, y a subrayar algo tan elemental como que la responsabilidad es inherente al ejercicio del poder. Salvo en los regímenes autoritarios.
