Editorial
Juego limpio con la alarma
Sánchez está ocultando a la oposición informes de la Abogacía del Estado que ha utilizado en favor del Gobierno para negarse a aprobar leyes contra la pandemia. Otro secuestro del Congreso
A Pedro Sánchez le está sucediendo aquello de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Cuando se discutía la prórroga del estado de alarma en el mes de mayo, el presidente del Gobierno leyó a la oposición párrafos de un informe solicitado a la Abogacía del Estado, en el que este organismo afirmaba que las restricciones a la movilidad solo eran posibles con el estado de alarma, no con las leyes sanitarias vigentes. La tesis actual del Gobierno es la contraria -que sin alarma es posible imponer restricciones de movilidad-, negándose a sí mismo una vez más con tal de evadirse de su responsabilidad de cara al verano y endosar a las comunidades autónomas la carga de las malas noticias a los ciudadanos. Además, el informe del Consejo de Estado conocido estos días sobre el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra las medidas de vacunación de la Xunta de Galicia apuntaba directamente a la necesidad de reformar la ley sanitaria general, precisamente para tener ese famoso plan B legislativo tras el estado de alarma.
Incoherencias al margen, que cada día son menos noticia porque son el santo y seña del Gobierno, ese informe de la Abogacía del Estado fue ocultado por La Moncloa al Congreso de los Diputados. Lo reclamó la presidencia de la Cámara Baja a instancias de la diputada de Vox Macarena Olona, pero el Gobierno dio de nuevo la callada por respuesta. Ahora, el partido de Santiago Abascal ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación silenciosa del informe de la Abogacía del Estado y los magistrados han decidido admitir a trámite la reclamación. Eso sí, con la oposición de la Abogacía del Estado. Es una constante del mandato de Pedro Sánchez su incompatibilidad con la transparencia, desde la ocultación del uso de medios públicos para actividades privadas, pasando por el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos, y llegando al informe ‘fantasma’ de la Abogacía del Estado que le da la razón frente a la oposición en relación con el estado de alarma.
El deterioro de la democracia española se localiza allí donde el Gobierno tiene poder de decisión o de influencia. El Estado de derecho se sostiene por los jueces, y la estabilidad institucional tiene en la Corona su piedra angular. Pero el control democrático al Gobierno, las relaciones con los medios, y la información a los grupos parlamentarios han entrado en una deriva de sombras antidemocráticas. Los usos del presidente, entre mentiras, silencios y opacidades, no son los propios de un representante democrático de la Europa del siglo XXI, sino de un político caciquil del XIX. Tanto le da lanzar insidias sin pruebas sobre las cifras de contagiados en Madrid, como anunciar el éxito de una vacunación que no controla.
Las democracias no solo son mayorías parlamentarias y números de votos. Son también usos y convenciones que implican respeto y compromiso con los principios de la representación política, el control parlamentario y la opinión de la sociedad. La calidad del sistema democrático se basa también en intangibles de buen gobierno, más allá del dictado de la norma jurídica o de la treta política para engañar al adversario. Sánchez está convirtiendo el escenario democrático en un callejón oscuro. Debe asumir que ser jefe del Ejecutivo de una democracia no le da derecho a satisfacer como quiera y cuando quiera sus impulsos partidistas, ni a creerse con legitimidad para socavar los valores que generan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Quizá sea mucho pedir, pero Sánchez debería empezar a jugar limpio.
