Editorial
Es hora de flexibilizar los ERTE
Sánchez tiene que asumir que su gestión de la pandemia se está saldando con seis millones de personas en desempleo técnico, y que los parches provisionales tienen fecha de caducidad
La lentitud del proceso de vacunación y la dependencia que tiene España de un turismo internacional que sigue prácticamente en barbecho han terminado por alertar al empresariado de que la campaña estival es cada vez más incierta y pesimista. La euforia con la que el Gobierno anunció que durante el verano estaría vacunado el 70 por ciento de la población parece hoy un espejismo fuera de todo calendario lógico, y la reactivación económica sigue siendo una entelequia. No solo los más relevantes organismos nacionales e internacionales coinciden en rebajar las expectativas de crecimiento que el Ejecutivo sobredimensionó, sino que los datos de empleo empiezan a convertirse en una pesadilla sin final. Ante este escenario de casi seis millones de españoles en máximas dificultades laborales y sin previsiones optimistas de ningún tipo, el Gobierno sopesa ampliar el horizonte de los ERTE más allá del 31 de mayo. Sin embargo, y en caso de hacerlo, debe aclarar cuanto antes bajo qué condiciones los prorroga, porque la presión jurídico-laboral que se cierne sobre el empresariado ya es inasumible a un año vista del inicio de la pandemia.
Los empresarios no merecen más evasivas y ninguneos del Gobierno. La CEOE es partidaria de pactar con Pedro Sánchez una nueva prórroga para la aplicación de los ERTE, al menos hasta diciembre, dado que la campaña de verano no va a poder responder a las expectativas de normalidad que se habían generado hace unos meses. Es la solvencia de muchas empresas lo que está lastrando su propia supervivencia y conviene ser realista. O al menos, más realista de lo que lo son los ministerios económicos de Sánchez. Sostener los ERTE durante medio año más en las actuales condiciones va a ser inviable si el Gobierno no levanta el veto al despido de una parte de los trabajadores de una empresa, si con ello se garantiza su viabilidad. Parece lógico pensar que siempre será mejor una empresa con actividad, con capacidad de recuperación y con fortaleza para seguir creando riqueza y pagar impuestos que una que se vea forzada a cerrar solo porque le resulta imposible mantener a toda su plantilla. El Gobierno debería ser flexible por dos motivos: primero, porque quedaron atrás las excepcionales circunstancias de hace un año, cuando los ERTE condicionados comenzaron a aplicarse con la comprensión de los negocios; y segundo, porque ya no es creíble que el Ejecutivo siga empecinado en maquillar una realidad laboral trágica. Sánchez tendrá que asumir definitivamente que su gestión de la pandemia se está saldando con seis millones de personas en desempleo técnico, y que los parches provisionales frente a una recesión como la actual tienen fecha de caducidad. La propaganda oficial podrá insistir una y otra vez en que apenas hay cuatro millones de desempleados, pero eso es hacerse trampas al solitario.
Es razonable que la CEOE quiera dar la batalla. La llamada «cláusula de salvaguarda del empleo» obliga a las empresas a mantener intactas sus plantillas durante seis meses una vez que recuperasen su actividad tras el confinamiento masivo. Pero forzar ahora a las empresas a aceptar ese trágala sine die condenará a la ruina a muchas de ellas, convencidas de ser viables si consiguiesen ajustar sus plantillas. Nadie quiere despidos, ni más paro. Pero no flexibilizar esa medida y obligar a las empresas a devolver todas las ayudas y bonificaciones recibidas por el cese de actividad de un solo empleado no tiene sentido. A Sánchez solo le queda negociar y rectificar.
